El rescate de la banca cuesta ya 60.718 millones de euros. El Tribunal de Cuentas cifra en esa cantidad el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre los años 2009 y 2015. Una cuantía, no obstante, que no puede considerarse definitiva porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), continúa siendo el principal accionista de Bankia -donde controla el 66% - y de BMN -con un 65%-.

A través de una nota, el Tribunal de Cuentas explica que "la venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba el 31 de diciembre de 2015 puede provocar un incremento o una disminución el citado importe". La factura definitiva del rescate bancario también dependerá de la evolución de los Esquemas de Protección de Activos y de otro tipos de garantías otorgadas en la venta de entidades, con un saldo vivo total de 17.211 millones a cierre del ejercicio pasado.

Las aportaciones al capital y cuotas participativas de entidades suman el grueso del montante total, que ya alcanza los 46.021 millones. Los procesos que han supuesto un mayor coste son, según indica el Tribunal de Cuentas, el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones de euros), CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

En el informe de fiscalización se indica, además, que "los recursos públicos comprometidos" en el proceso de reestructuración bancaria ascienden hasta los 122.122 millones. Este organismo aclara, sin embargo, que no todas las medidas de disposición implican un coste para el sector público.

El órgano fiscalizador apunta a que la Administración General otorgó avales a las entidades de crédito inmersas en procesos de reestructuración o resolución por un importe de hasta 85.965 millones.

En su informe, el Tribunal de Cuentas sostiene que, en líneas generales, la contratación del FROB se ha ajustado a la normativa, pero también critica alguna de sus actuaciones. Subraya, por ello, que en el proceso de fiscalización se aprecian "insuficiencias o deficiencias" de forma en la tramitación de los contratos.

En este sentido, el órgano destaca que el FROB "no definió un procedimiento para imputar los ingresos, los gastos y los costes" en los que se incurrió en cada proceso de resolución, algo que le habría permitido "el cumplimiento sin restricciones" de la ley.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas recomienda al FROB, entre otras actuaciones, que apruebe un documento regulatorio del proceso de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución en el que se establezcan las reglas básicas y un sistema de contabilidad analítica "que permita conocer de forma directa e inmediata" los recursos aplicados en cada uno de los rescates.