El caso Bankia ha llegado al Congreso, que aprobará la semana que viene la creación de una comisión de investigación después de que la Audiencia Nacional haya ordenado que se investigue al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la CNMV, Julio Segura.

Tras la "alarma social" y la gran "repercusión en los medios", en palabras del portavoz socialista en el congreso, Antonio Hernando, por la decisión de la Audiencia Nacional, el PSOE se ha decidido a registrar la solicitud de apertura de una comisión de investigación sobre la salida a bolsa de la entidad, en julio de 2011.

El PSOE ya intentó en 2012 una iniciativa similar que impidió la mayoría absoluta del PP; en esta ocasión, se han sumado a la petición Ciudadanos, ERC, Compromís así como el grupo Unidos Podemos, que hace meses ya solicitó indagar acerca del rescate de las cajas.

Ante la disparidad de peticiones, será el Congreso el que acote el próximo miércoles las cuestiones que tratar en dicha comisión, si se abarca el enfoque amplio planteado por Unidos Podemos, o si finalmente las comparecencias girarán en torno al caso Bankia.

De momento, el PP ha anunciado que no se opondrá a la apertura de las investigaciones, ha confirmado este miécoles el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.

El diputado popular ha dicho que "los organismos reguladores no hicieron su papel e hicieron mal las cosas" durante el gobierno del PSOE, y ha recordado que "la Justicia ya está actuando e investigando los hechos".

La iniciativa contará también con el respaldo de Ciudadanos, que ha pedido este martes la comparecencia en la comisión de Economía del Congreso del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para que aclare la actuación del supervisor durante la crisis bancaria.

La sección tercera de la sala de lo Penal estimó ayer un recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, e instó al juez que instruye el caso, Fernando Andreu, para que cite como investigados, lo que antes se conocía como imputados, a Fernández Ordóñez, a su ex número dos Fernando Restoy, y a Julio Segura.

Asimismo, incluía en la lista de investigados al exsubgobernador Javier Aríztegui, al ex director de Supervisión Jerónimo Martínez Tello y su sucesor Mariano Herrera, al inspector Pedro González y a Pedro Comín.

Estos tres últimos dimitieron este lunes de sus cargos a las pocas horas de conocerse su imputación, para que sus declaraciones "no afecten al desarrollo de las funciones de supervisión"; sus renuncias las ha aceptado hoy la Comisión ejecutiva del organismo.

Rato y Olivas

En la causa ya figuran como investigados el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, su exvicepresidente, José Luis Olivas, y Deloitte, firma que auditó las cuentas supuestamente "falseadas", además de una treintena de personas.

Pero el debate sobre la supuesta vinculación de las antiguas cúpulas del Banco de España y la CNMV en el caso ha trascendido el ámbito parlamentario y el sindicato CCOO ha lamentado que "la imputación" de estos ex altos cargos no se haya iniciado "hace tiempo".

Desde el punto de vista de las asociaciones de consumidores, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, ha dicho que "estamos tardando años en llevar a la cárcel a los responsables de la mala gestión de las cajas de ahorros; en Estados Unidos, los responsables del fraude de Enron o Madoff pisaron la cárcel unos meses después y fueron defenestrados del sector".

La Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), ha indicado en una nota que en la salida a bolsa de Bankia hubo irregularidades "directamente achacables a los supervisores".

En este sentido, ve positivas las dimisiones de Herrera, Comín y González, ya que sus ceses "ayudarán a recuperar el buen nombre y la confianza en los supervisores como responsables de las reglas del juego".

Especialmente crítico se muestra el socio-director del bufete de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, quien recuerda cómo en Bankia fue el propio equipo de inspección el que denunció ante sus superiores la "deficiente" situación económico-financiera de la entidad, al tiempo que celebra una medida que podría "garantizar la autonomía de inspectores y auditores".