El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, sostiene que

la prolongación de la edad de jubilación más allá de los 67 años previstos por la ley "podría estar justificada". Linde, que compareció ayer ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para exponer la opinión de la entidad supervisora sobre el futuro de las pensiones, la precaria situación de las arcas del Sistema de la Seguridad Social y las medidas a adoptar para resolver esta situación, planteó a los grupos políticos la necesidad de estudiar las medidas adoptadas en otros países de Europa, donde la edad de acceso a la jubilación depende de la esperanza de vida. "Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación antici- pada y permitir la ampliación de la vida laboral tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema", señaló, al tiempo que incidió en que un sistema de cuentas nocionales daría transparencia al sistema y ayudaría al trabajador a saber cuándo puede jubilarse.

Linde, además, defiende la idea de que los planes de complementarios privados o mixtos pueden ser "útiles" para combinarlos con el sistema público de pensiones, tal como ya funciona en Centroeuropa. Eso sí, este último no se puede reemplazar.

En ese sentido, explicó que el principal problema que afronta el sistema de la Seguridad Social es el envejecimiento de la población, por cuanto o se reduce la tasa de sustitución (relación entre la pensión media y el salario medio) o se buscan nuevas fuentes de financiación vía impuestos o cotizaciones.

Durante su intervención, el gobernador del Banco de España rechazó que la reforma laboral de 2012, aprobada por el PP y CiU, sea responsable de la caída de las cotizaciones sociales y con ello del déficit del sistema. "De ningún modo puede achacarse a la reforma laboral lo ocurrido con los ingresos de la Seguridad Social. La devaluación salarial ha contribuido algo, pero lo fundamental es el desempleo [causado por la crisis] sin la menor duda", enfatizó.

El sistema de pensiones, reflexionó Linde, se enfrenta fundamentalmente a un reto demográfico por el envejecimiento de la población -que conlleva un menor número de cotizantes- y el aumento de la esperanza de vida -que hace que haya que pagar pensiones durante más tiempo-, asociado además a unas nóminas más elevadas para los jubilados a resultas de unas mayores y mejores carreras de cotización.