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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El Constitucional abole las plusvalías y pone en jaque la caja de los municipios

La resolución impide cobrar el impuesto si el inmueble no experimenta una revalorización

El Constitucional abole las plusvalías y pone en jaque la caja de los municipios

El Tribunal Constitucional (TC) ha acabado con el actual sistema del impuesto de plusvalías, que en la práctica obliga a pagar al ayuntamiento al vender un bien inmueble incluso cuando este no se ha revalorizado. La decisión, pone freno a una fuente de financiación municipal que había ganado peso en los últimos años. En 2015, último contabilizado por el Ministerio de Hacienda, las 88 localidades canarias ingresaron 85,7 millones de euros por este concepto, 20 más que en el ejercicio inmediatamente anterior.

Muchas dudas tras el pronunciamiento judicial y varias conclusiones. La primera de ellas es que serán las grandes ciudades las que más sufran la merma de ingresos, ya que la cercanía que permiten a los administrados los ayuntamientos de pequeño tamaño provocaba que actuaran prescindiendo en buena medida de la matemática legislativa para situarse en posiciones más cercanas a la realidad.

Durante los años de la larga crisis económica, que aún reparte con intensidad sus efectos negativos entre la sociedad, los bienes inmuebles se devaluaron intensamente; en algunos rincones de las Islas perdieron hasta un 30% de su valor.

Pasar por caja

Sin embargo, cuando se vendían, en muchas ocasiones a un precio inferior al pagado en el momento de adquirirlos, los propietarios tenían que pasar por la caja del ayuntamiento correspondiente para liquidar el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que así se llama realmente el impuesto que el Tribunal Constitucional ha puesto en jaque.

"En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", detalla la resolución, de la que es ponente la vicepresidenta del TC, Adela Asua.

Hasta el momento, para determinar la base imponible, se utiliza como punto de partida el valor catastral. En el caso de un piso, sería la parte proporcional que le corresponde del total del suelo sobre el que está levantado el bloque de viviendas. Esa cantidad se somete a unos porcentajes que varían en función de los años que han transcurrido desde que fue adquirido y al resultado de esa operación se le aplica a su vez el tipo fijado por el ayuntamiento.

En 2015, por vez primera este impuesto adelantó al de Actividades Económicas como fuente de financiación, situándose en tercer lugar, solo por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del que se abona por la circulación de los vehículos.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández, señaló ayer que en un municipio como el de Agüimes, del que es alcalde, "no es este impuesto el que resuelve los ingresos". Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y alcalde de Vigo, Abel Caballero afirmó que este mismo organismo ha "planteado desde hace tiempo" que el tributo se basa en "una situación de liquidación sobre precios que no responden a mercado. Digámoslo, es injusto. Queremos que se resuelva de forma justa para los contribuyentes", informa Efe.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, reconoció que el impuesto de plusvalías "no es el más fundamental" desde el punto de vista recaudatorio, "pero sí supone una cantidad importante". El de Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto ingresar 7,1 millones de euros por este concepto en 2017, el 2% del presupuesto total de ingresos, en el que también se incluyen la fiscalidad indirecta o las transferencias corrientes, entre otros conceptos.

En 2015 los ingresos provenientes del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana supusieron el 11% del total de la imposición directa del conjunto de los ayuntamientos canarios. Óscar Hernández señaló que el problema a partir de ahora perderá intensidad, ya que los inmuebles se "están revalorizando últimamente", al calor de la recuperación del dinamismo que reflejan las cifras macroeconómicas.

Habrá consecuencias

A juicio de Juan José Martínez, la decisión del Tribunal Constitucional tendrá unas consecuencias "que trascenderán el ámbito local y reforzará un clamor del municipalismo". El concejal de Hacienda de la capital tinerfeña se refirió de esta manera a la necesidad de que el Ministerio de Hacienda dé mayor margen de maniobra a los ayuntamientos. Por ello exigió que se flexibilicen las exigencias "a las administraciones que cumplen. No podemos estar sujetos a criterios tan estrictos que impiden el día a día".

Juan José Martínez

Las consecuencias trascienden el ámbito local y refuerzan un clamor municipal"

Hacienda de S. C. de Tenerife

Óscar Hernández

"No es este impuesto el que resuelve los ingresos de los ayuntamientos"

Pte. Hacienda de la Fecam

Con carácter retroactivo

  • Mientras que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se entendía ayer que la decisión del Constitucional no admite el carácter retroactivo, el asesor fiscal Orlando Luján defendía lo contrario. "Como en todo el ámbito fiscal, los hechos no prescriben hasta que transcurren cuatro años", sostuvo. Las reclamaciones de los afectados pueden suponer un serio problema para las arcas de los municipios que más recaudaron por este concepto. Además, Luján señaló que ya varios tribunales superiores de justicia habían fallado antes contra el impuesto cuando no hay revalorización real.

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