Canarias se ha desmarcado tajantemente de la posición de algunas de las comunidades autónomas importantes aliadas en el objetivo de mejorar la financiación de sus servicios básicos a los ciudadanos. Sigue compartiendo con Andalucía, Comunidad Valenciana, entre otras, los principios básicos sobre la necesidad de la reforma del sistema actual y cambiar algunos de los criterios de reparto como paso imprescindible para ajustar los fondos que reciben del Estado al coste real de esos servicios, pero han surgido diferencias en relación con otros aspectos, como es el caso de la homologación de tributos que pretenden esas regiones para acabar con lo que consideran "dumping fiscal" o "competencia desleal" en esta materia.
El Gobierno de Canarias apuesta en este inicio de la negociación de la reforma del sistema, que se pretende que esté en vigor el año próximo, por mantener y profundizar en la autonomía fiscal de las regiones en relación con los tributos cedidos por el Estado, y rechaza así la propuesta de acabar con esa cierta competencia o rivalidad entre comunidades que defienden otras muchas.
Este es uno de los asuntos que deberá abordar en breve la comisión de expertos que estudian la reforma del sistema y que se reunió por primera vez el pasado jueves en Madrid para establecer la metodología y pronunciarse sobre los criterios técnicos que deben inspirar el nuevo modelo. El debate de fondo está planteado y las posiciones no son comunes incluso entre territorios gobernados por el mismo partido.
En principio, Canarias se ha situado junto a Madrid al 99 % -tiene bonificado al 100 % el impuesto de patrimonio y al 99 % el de sucesiones y donaciones-, y Baleares (PSOE) como principales partidarias de la competencia fiscal; mientras Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, todas del PSOE, y en parte Galicia y Castilla-León, ambas del PP, quieren limitar los márgenes de actuación autonómica en esta materia, considerando que las rebajas fiscales tienen impacto en el conjunto del sistema: si tienen menos ingresos, aportan menos a la cesta común y además necesitan más financiación para sus propios servicios.
El presidente de Canarias fue tajante cuando el debate surgió durante la pasada Conferencia de Presidentes del Senado el 17 de enero, donde explicó que "si a Canarias le quitan la posibilidad de tener una capacidad fiscal algo diferenciada, con los costes de la insularidad difícilmente podemos ser atractivos para nuevas inversiones". Por ello, se mostró partidario de que en el próximo modelo se defina cuál es el coste efectivo de los servicios en cada comunidad autónoma "y a todos se nos pague por igual". Y a partir de ahí, "que cada comunidad autónoma actúe con sus impuestos en función de su política fiscal".
"Lo que no puede ser es que se nos financien esos servicios por debajo del coste real y eso se le dé a otras comunidades que estén recaudando menos porque tiene una menor presión fiscal", aclaró. Así, defendió que, si se garantiza que "cualquier español tiene que haber una cantidad homogénea, cosa que no está ocurriendo", cada región puede elegir ser "más agresiva fiscalmente para dar más actividad", pero matizando que "lo que no puede ser es bajar los impuestos y que el Estado compense esa menor recaudación".
Autonomía fiscal
El viceconsejero de Hacienda y Planificación, Luis Padilla, que asistió el jueves pasado a la primera reunión de la comisión de expertos para la reforma del sistema, señala que "parece razonable que se establezcan unos márgenes, para que no haya grandes diferencias entre unos territorios y otros, pero que esos márgenes no obstruyan la capacidad de las comunidades de actuar sobre los impuestos cedidos". Aclara Padilla, no obstante, que esos ajustes fiscales de cada comunidad no inciden demasiado en la financiación propia porque, "de los recursos que están cedidos y de la capacidad tributaria, el 75 % va a la cesta común". "Habrá que debatir qué capacidad tiene una autonomía para subir o bajar su parte del impuesto modificado, y cómo se va a computar, si con efectos normativos, o y si esa variación en el tributo se lo queda esa comunidad autónoma en su 25 %".
Insiste en que el planteamiento canario es el de "lograr una financiación por habitante ajustado" sacando del fondo de competitividad los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF). "La esencia de la defensa que nosotros vamos a plantear es que se modifique el sistema, porque estamos claramente perjudicados, que se respete absolutamente que el REF queda fuera del sistema, porque eso supone un quebranto para poder abordar los servicios públicos fundamentales [sanidad, educación y servicios sociales] con recursos suficientes", resalta el viceconsejero.
Informe Consejo Economistas
Precisamente ayer se hizo público un informe del Consejo General de Economistas denominado Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 201" en el que se precisa las diferencias entre comunidades autónomas en relación con los impuestos cedidos y en el que se señala que "la reforma en ciernes es inevitable" por la falta de transparencia del actual sistema y por "los resultados arbitrarios que arroja".
El informe califica el modelo como "anárquico, desigual e indescifrable", y plantea la necesidad de acercar el Impuesto de Sucesiones entre comunidades autónomas dada las radicales diferencias que existen, al tiempo que defiende acabar con el tributo del Patrimonio ya que se paga por medio del Impuesto de Bienes Inmuebles. Así, señala como ejemplo que un andaluz, soltero de 30 años, que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, paga hasta 164.049 euros de impuesto de sucesiones, frente a los 134 euros que pagaría un canario en la misma circunstancia, es decir, que se paga mil veces más en Andalucía que en Canarias por ese impuesto.
