Las emisiones de pagarés con alta rentabilidad que Nueva Rumasa comenzó a comercializar en 2009 para la captación de recursos que supuestamente se iban a destinar a la compra de más empresas y al engrandecimiento del holding en plena crisis económica internacional se desviaron en su mayor parte a una cuenta bancaria desde la que se cubrían necesidades de las empresas y se nutría la numerosa familia Ruiz-Mateos para sostener su nivel de vida y realizar compras de coches, inmuebles o un atraque de embarcaciones de recreo en el complejo Sotogrande, entre otros fines, amén de amortizar créditos.

Así lo afirma la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, en el que solicita 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos como supuestos autores -junto con su progenitor, fallecido en 2015- de una estafa piramidal además de delitos de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes.

Mediante la venta de pagarés de alta rentabilidad, Nueva Rumasa captó 337,3 millones (de los que no se han recuperado 289 millones) que fueron aportados por 4.100 inversores particulares que confiaron en la solvencia del grupo. El fiscal también pide diversas penas de prisión para otros dos miembros de la dinastía y para cuatro directivos y colaboradores del entramado de empresas. La fiscalía acusa a su vez a las siete hijas de Ruiz-Mateos como partícipes a título lucrativo.

José María Ruiz-Mateos (1931-2015) creó Nueva Rumasa, un grupo que llegó a sumar más de centenar y medio de empresas, a partir de las sociedades y recursos que mantuvo bajo su control una vez que en febrero de 1983 le fue expropiado por el entonces Gobierno socialista su primer holding empresarial (Rumasa) por su agónica situación de solvencia y liquidez.

Nueva Rumasa recompró muchos negocios que habían sido propiedad de la antigua Rumasa y tomó el control de otras empresas en una trepidante estrategia de expansión análoga a la que había seguido el primer holding de la familia entre 1961 y 1983.

En 2009, al año de estallar la crisis internacional, Nueva Rumasa emprendió una intensa campaña de comercialización de pagarés (que continuó con sucesivas operaciones hasta que el grupo se declaró en concurso en 2011) para los que prometía un interés anual de entre el 8% y el 10% cuando los tipos oficiales de interés oscilaron entre 2009 y 2011 entre el 1% y el 2%.

La empresa atribuyó las emisiones al afán de crecer más rápido con más compras de compañías, pero los más incrédulos vieron un remedo sustitutivo del mecanismo de la Rumasa primigenia, en la que los bancos del grupo pagaban tipos de interés más altos para captar recursos que se desviaban al holding para solventar sus urgencias.

La Fiscalía mantiene que los dueños de Nueva Rumasa crearon un sistema de financiación piramidal mediante la comercialización de pagarés para los que se exigía una inversión mínima exigida de 50.000 euros, lo que eximía al grupo de la preceptiva autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pese a ello este organismo alertó de los riesgos.

Según la fiscalía, Nueva Rumasa ocultó a los inversores la verdadera situación del grupo, que ya en 2009, cuando comenzaron las emisiones, arrastraba una deuda de 577 millones. El fiscal acusa a los Ruiz-Mateos de canalizar el ahorro captado a través de 4.067 cuentas abiertas en 117 entidades bancarias, aunque la mayoría fue desviado a una cuenta desde la que la familia cubría las necesidades de liquidez del grupo, costeaba sus gastos personales y realizaba inversiones particulares. La familia detrajo de las cuentas 82 millones.