La empresa Club de Campo El Cortijo de Gran Canaria ha interpuesto una querella contra quien fue presidente de su consejo de administración durante 18 años, Agustín Manrique de Lara. Los actuales rectores de la empresa le acusan de falsedades sociales, acuerdos abusivos, administración desleal y falsedad en documento mercantil, mientras que él sitúa la acción judicial en el ámbito de unas disputas familiares que se han enquistado durante años.
Manrique de Lara ya compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Virginia Peña, en el mes de febrero, y se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) explicó que tras la querella, registrada en diciembre del pasado año, está tan solo la intención de dañar su imagen, extremo que corroboró su defensor, el letrado Álvaro Campanario, quien sostuvo que el objetivo perseguido "es provocar un titular de periódico" con una querella que "no tiene ningún recorrido".
Opinión diametralmente opuesta manifestó la acusación, ejercida por el despacho madrileño Broseta Abogados, para quien la declaración de Manrique de Lara ante la juez Peña resultó inconsistente. Los querellantes acusan al presidente de la patronal de Las Palmas de ocultar "la verdadera situación jurídica de la entidad, al omitir mención expresa en las cuentas anuales de 2015 de un procedimiento de ejecución hipotecaria y subasta judicial sobre el principal activo social".
Se refieren con ello al embargo que La Caixa practicó contra el campo de golf y los edificios principales del club. Según afirman, Agustín Manrique de Lara aseguró ante los accionistas en la junta que la mencionada entidad financiera había "accedido a una quita del 50% de la deuda", alrededor de dos millones de euros, cuando en realidad "hacía meses que La Caixa había instado la ejecución judicial de la hipoteca y se había decretado la subasta del inmueble que garantizaba el total de la deuda sin quita alguna".
"Hay una hipoteca impagada con La Caixa desde hace mucho tiempo, como en muchos clubes deportivos, y un plan de viabilidad pactado y ejecutándose desde hace tres o cuatro años", señaló a este periódico Manrique de Lara, a quien también acusan los actuales rectores de no haber defendido los intereses de la entidad por no personarse en el procedimiento de ejecución.
Además, califican como "sencillamente... ¡increíble!" que el anterior presidente del consejo de administración mantuviera esa estrategia en virtud de "un supuesto acuerdo por el que el ejecutante que ha instado la subasta judicial del principal activo social, en realidad, y a pesar de su activa actitud ejecutante, le habría indicado (...) que en realidad no iba a ejecutar".
El abogado defensor de Agustín Manrique de Lara señaló que prácticamente no resta sino un diligencia por cumplimentarse, tras lo que, en su opinión, la querella "se va a archivar". A su juicio, los denunciantes dejan ver "la prisa" que tienen por lograr un impacto mediático que dañe al máximo representante de los empresarios de la provincia de Las Palmas. "Saben que el recorrido que tiene la querella es muy cortito", afirmó.
Sin abandonar el ámbito de las relaciones de la entidad privada con la banca, la parte de la familia que se hizo con el control de El Cortijo (Telde) hace casi un año imputa a Manrique de Lara un mal uso del dinero de la empresa en beneficio propio. De esa manera describen cómo el querellado, "el mismo día de la junta" en que fue destituido del cargo de presidente del consejo de administración, realizó una amortización parcial efectiva de 55.000 euros -sobre un total anunciado de 90.000- de un crédito con el Banco Santander que "estaba siendo puntualmente atendido", mientras La Caixa procedía a la mencionada ejecución hipotecaria antes señalada.
La diferencia, según el escrito de la querella, estriba en que en el caso del Santander el préstamo estaba "afianzado" (avalado) por el propio Manrique de Lara, quien asegura haber aportado "muchísimos recursos" al negocio por la vía de la "ampliación de capital". El presidente de la CCE sostiene que en el fondo de este enfrentamiento judicial subyace su negativa a vender sus acciones "y el club", objetivo que, según sus afirmaciones, es el que mueve a la actual mayoría societaria de la mercantil.
Otro de los hechos supuestamente punibles que atribuyen a Agustín Manrique de Lara en el tiempo en que estuvo al frente de El Cortijo es la "falsificación" del acta de la Junta General de diciembre de 2012 o "la certificación de esta". En esa reunión de los socios, se determinaron los extremos en los que debía producirse una ampliación de capital.
"De manera inexplicable, el contenido de la certificación adjunta a la escritura notarial y supuestamente emitida el mismo día de celebración de la propia junta general, difiere muy notablemente del contenido de la propia acta". Es decir, los preceptos acordados son distintos en uno y otro documento. "O bien el acta de la junta general ha sido modificada y alterada con posterioridad a su firma y la certificación reproduce esta última versión, o bien la propia certificación manipula el contenido del acta que certifica para incluir condiciones no recogidas en aquella", reza la querella.
"Ninguna trascendencia"
Ese hecho, por el que los querellantes atribuyen al presidente de la patronal de Las Palmas un delito de falsedad en documento mercantil, "no tiene ninguna trascendencia", en opinión de su abogado. El propio Campanario detalló que durante su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Manrique de Lara dejó claro que no era él quien redactaba las actas, "sino la secretaria".
A pesar de que los textos en uno y otro documento son distintos, el letrado sostuvo que se mantiene el espíritu del acuerdo de la junta, mientras que la certificación aclara y concreta "cuáles son las condiciones en las que se tiene que suscribir la ampliación de capital". Además, incidió en el hecho de que ni su defendido, "ni nadie de su entorno se han beneficiado de esas posibles discrepancias que dicen que puede haber" entre los dos documentos.
En el último de los supuestos penales que se atribuyen al expresidente del consejo de administración de la empresa, los denunciantes lo acusan de "abastecer su propia vivienda" con el suministro de agua contratado y pagado por la El Cortijo. Si bien, más adelante, el texto literal de la querella reza: "Existe la razonable inferencia de que el querellado se ha podido estar aprovechando...". El expresidente de la empresa calificó este extremo de "disparate".
Agustín Manrique de Lara se enfrenta en dos meses a su renovación en el cargo al frente de la patronal de Las Palmas tras cumplirse cuatro años desde su elección. Además, su nombre ha sonado para relevar al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a Luis Ibarra, que se mantiene aún en el cargo a pesar de que el pacto entre nacionalistas y socialistas que le llevó al cargo se rompió hace ya cuatro meses. "Esta gente me quiere hacer daño en lo personal, es lamentable pero así es", aseguró el representante empresarial.
