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Hacienda echa el lazo a 35.088 nuevas construcciones en las Islas

La regularización catastral incrementa el recibo del IBI una media de un 3 % en Canarias

Vista aérea de una parte del barrio de La Isleta, en la capital grancanaria.

Vista aérea de una parte del barrio de La Isleta, en la capital grancanaria.

Las construcciones, rehabilitaciones o ampliaciones de casas y fincas en Canarias sin regularizar ante el fisco y detectadas luego por las inspecciones del ministerio de Hacienda y Función Pública han supuesto una subida media del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Canarias del 3%, según los datos oficiales ofrecidos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. La campaña de regularización catastral iniciada en 2013 por el ministerio pero llevada a la práctica y recaudada por los ayuntamientos continua su marcha sacando a la luz decenas de miles de casos en las Islas de actuaciones y alteraciones en viviendas y propiedades sin las correspondiente declaración al fisco o realizada de manera irregular. Hasta diciembre habían salido a la luz hasta 35.000 nuevas construcciones y 42.000 ampliaciones de casas ocultas.

La campaña, en la que se están empleando incluso drones e imágenes de satélites que permiten descubrir desde el aire esas actuaciones no declaradas, ya ha concluido en 56 de los 88 municipios canarios, y en los próximos meses se empezará a aplicar en algunos de los aún pendientes antes de que el procedimiento en marcha concluya este mismo año.

El objetivo de esta medida, que se lleva a cabo en todo el territorio nacional al excepto en País Vasco y Navarra, es la incorporación al catastro de los bienes inmuebles urbanos o rústicos en construcción o que presentan alteraciones de sus características y que no han pagado la correspondiente actualización del impuesto. Cada una de estas regularizaciones conlleva el pago de una tasa de 60 euros por cada uno de los inmuebles objeto de regularización. La posterior y consecuente actualización catastral de los casi 93.000 inmuebles descubiertos hasta la fecha con actuaciones no declaradas al fisco -un 74 % en fincas urbanas y un 26% en rústicas-, es la que ha provocado ese incremento medio del 3 % en el recibo del padrón del IBI en el conjunto del Archipiélago, con una mínima diferencia de cuatro décimas por provincias ya que mientras en Las Palmas la subida ha alcanzado el 3,2 %, en Santa Cruz de Tenerife ha sido del 2,80 %.

Las investigaciones de los técnicos de la Dirección General del Catastro, organismo responsable de la medida, han detectado en el conjunto de municipios inspeccionados en Islas 35.088 nuevas construcciones (un 37% del total de los inmuebles regularizados), 41.798 ampliaciones y rehabilitaciones (un 46 %), 12.216 (un 13%) reformas y cambios de uso de la finca; y 2.784 piscinas (3%). Por provincias, los municipios de Santa Cruz de Tenerife suman un total de 50.143 inmuebles con irregularidades detectadas, frente a las 42.670 de los de Las Palmas, aunque cabe aclarar que hasta la fecha el procedimiento ha concluido en 25 municipios de las islas orientales y en 31 de las occidentales.

Por provincias

También el tipo de actuación mayoritaria no declarada y ocultada al fisco es distinto según la provincia de que se trate. Así, mientras en Las Palmas la mayoría de los fraudes se refiere a ampliaciones o rehabilitaciones de casas o propiedades, 24.749 casos, lo que significa un 58 % del total, en Santa Cruz de Tenerife la irregularidad más común es la nueva construcción, un 47 % hasta alcanzar la cifra de 23.567. Las nuevas construcciones detectadas en la provincia oriental suman 11.521 inmuebles (27 %), mientras que las ampliaciones y rehabilitaciones en la occidental alcanzan los 17.049 propiedades (34%).

Para el caso de las reformas y cambios de uso de los inmuebles, la regularizaciones son también mucho más abundantes en Santa Cruz de Tenerife, con 7.522 casos (13%), que en Las Palmas, con sólo 4.697 casos (11%). Ambas provincias están sin embargo muy igualadas en términos relativos en cuanto al número de piscinas sin regularizar, el 3 % en cada una de ellas respecto al número total de inmuebles con actuaciones sin declarar, aunque diferencia es más apreciable en términos absolutos, 1.280 en Las Palmas por 1.504 en Santa Cruz de Tenerife. La regularización catastral trata de hacer concordar la descripción de los bienes inmuebles con la realidad de los mismos para una correcta aplicación del correspondiente impuesto. Se trata de detectar las construcciones, ampliaciones, rehabilitaciones o cambios de uso que no han sido declaradas en su momento. El procedimiento se inicia de oficio por la Administración y debe ser comunicado a los interesados, que disponen de 15 días para formular alegaciones. Cabe destacar que el IBI es un impuesto cuya recaudación supone la principal fuente de ingresos tributarios por parte de los ayuntamientos, de forma que es las actuaciones no declaradas y no trasladas a este impuesto merman sus posibilidades de financiación.

Con todo, muchos de ellos acogieron con recelos este proceso al aparecer ante los ciudadanos como un catastrazo del que hacía responsables a las corporaciones y no al ministerio ya que son ellas las encargadas de la recaudación de esa tasa de regularización de 60 euros, que ingresa la Administración central y que se está destinando en su mayor parte a sufragar precisamente el coste de ese procedimiento. El correspondiente incremento en el recibo de la recaudación a partir de ese momento sí revertirá en las arcas municipales.

La campaña está ofreciendo diversas complicaciones que responden al propio procedimiento de inspección. La principal tiene que ver con la fiabilidad de esas inspecciones llevadas a cabo por los drones o pequeños artefactos que sobrevuelan las fincas para detectar obras o modificaciones y que con frecuencia ofrecen imágenes, al igual que las procedentes de los satélites, en que se con funden con una construcción irregular elementos tan comunes en muchos patios o jardines como las piscinas hinchables, las pérgolas o las barbacoas. Esto está provocando un considerable número de alegaciones y recursos que la administración cifra en un 9% de los expedientes abiertos.

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