El Gobierno canario espera que la situación política estatal por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular no suponga ninguna modificación en los presupuestos estatales, ni altere su calendario de aprobación ni el sentido del voto de las demás fuerzas políticas, porque "son los mejores para las Islas de los últimos 20 años".

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se refirió ayer expresamente a Ciudadanos y Nueva Canarias y señaló que los nuevos escándalos de corrupción del PP "no deberían entorpecer" la aprobación de las cuentas estatales a las que la única diputada de CC, Ana Oramas, va a dar su apoyo.

La consejera recuerda que estos presupuestos permiten la participación del Archipiélago en el fondo de competitividad al desvincular el REF del sistema de financiación, lo que supondría, de aprobarse el presupuesto en junio, una inyección de 220 millones de euros en 2017, 360 millones en 2018 y 550 millones en 2019. "Y se destinarían a la cobertura de servicios esenciales, educación, sanidad y políticas sociales", recalca. Por lo tanto, el Gobierno confía en que la tramitación siga adelante y Ciudadanos y, al final, NC terminen dando el apoyo a los presupuestos.

"Nueva Canarias está planteando conseguir actuaciones que puedan ser también importantes para Canarias" en la negociación presupuestaria a las que CC se sumaría, precisa Dávila. Por ello, insiste en que hay que separar las acciones judiciales contra la corrupción del "ámbito presupuestario", porque "la vida de los ciudadanos de España y de Canarias tiene que seguir".

Con la esperanza de que la cuentas estatales obtengan la mayoría del Congreso en junio, el Gobierno ya está revisando las tareas que le quedan por delante para adecuar los presupuestos canarios al eventual escenario que se abre con la desvinculación del REF del sistema de financiación, a fin de "tener dispuesta la maquinaria administrativa" para gestionar los nuevos recursos, centrados principalmente en los servicios esenciales.

Dávila también considera prioritario que el REF quede "anclado" en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española para que sea de preceptiva aplicación. El Ejecutivo celebró ayer un Consejo de Gobierno deliberante en el que, además, se proponía hacer una "autoevaluación" de las labores que está acometiendo el Ejecutivo en minoría de CC.