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Entrevista a Evelio Reíllo

"La mitad del fraude de Globalia ha prescrito por la inacción de Fomento"

"Competir en condiciones que rompen el principio de igualdad es muy duro", asegura el abogado de la Confederación Española de Agencias de Viaje

¿Les satisface la sentencia?

Es un fruto que no se corresponde con lo sembrado ni con lo trabajado durante una cosecha de diez años. Podemos considerarnos satisfechos porque han quedado acreditados los hechos que denunciábamos y entendemos que no se repetirán en este volumen y con esta permisividad de la Administración, pero también es cierto que esto ha causado muchos perjuicios. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y su presidente han dedicado un esfuerzo. A los denunciados no les gusta serlo y, además, ha habido quien se ha quedado en el camino durante estos años porque competir en condiciones que rompen el principio de igualdad y los principios básicos de la economía de mercado es muy duro. No obstante, la sentencia es la que hay y es un paso.

¿Es que piensan ir más allá?

Lo estamos estudiando. En Europa necesitan una sentencia firme en el país de origen, que es lo que tenemos ahora porque el acusado ha mostrado su conformidad. Entendemos que ha habido un perjuicio a este sector y, en general, a la economía nacional. Afecta a la competencia en un ámbito muy importante teniendo en cuenta que el turismo es fundamental para Canarias y, por tanto, el tráfico de las agencias de viajes, que han sufrido un quebranto de gran tamaño, es esencial.

¿El recorrido judicial ha sido especialmente complicado?

Han pasado diez años desde que se presentó el primer escrito en la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria con el Ministerio de Fomento como destinatario. En él se señalaba que Air Europa, como compañía del Grupo Globalia, obtenía una mayor afluencia de pasajeros porque las agencias de viajes de este grupo vendían a un precio inferior del que facturaban al Estado. Se lo podían permitir porque obtenían la cantidad que pagaba el pasajero y el 50% de subvención sobre una cantidad ficticia que declaraban y que era mucho mayor que el precio real de venta.

¿Qué respuesta obtuvieron?

Ninguna. En la segunda legislatura de Zapatero como presidente, ya con José Blanco como ministro de Fomento, la confederación entendió que era momento de insistir y volvimos a presentar escrito, acompañado de documentación, denunciando los hechos ya en el propio ministerio, en Madrid.

¿Con más éxito?

Tampoco hicieron nada. Tuvimos que acudir en marzo de 2014 a la Audiencia Nacional para presentar una denuncia para llegar al resultado actual, aunque no sin tener que dar más vueltas.

¿En qué sentido?

La Audiencia abrió diligencias y señaló que no era competente. Para que se haga una idea, le diré que un operador jurídico en un informe no distinguía entre Baleares y Canarias. Sí es cierto que a raíz de la judicialización, Fomento abrió un expediente administrativo que concluyó, parece ser, con el reintegro voluntario, así lo llaman, de 20 millones de euros por parte de la compañía. Sumados a los 30 de la sentencia de la pasada semana estaríamos hablando ya de 50.

¿Por qué terminó en la Audiencia Nacional el caso si no se consideraba competente?

Incluso vino al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al mismo órgano en Madrid, pero Eduardo Torres-Dulce, en una de sus últimas actuaciones como fiscal general del Estado, dictó un decreto ordenando que fuera la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que actuase. Nosotros estábamos personados porque habíamos recurrido la alegación de falta de competencia, pero no nos admitieron como acusación particular por consideraban que el caso no afectaba a las agencias de viajes. La puerta que dejaron abierta fue la de la acusación popular previo pago de una fianza de 100.000 euros.

¿Esa es una cantidad lógica?

En el caso Bankia fue de 20.000 euros. La que nos pidieron a nosotros es la mayor que conozco, un dineral para CEAV, cuyo presidente, Rafael Gallego, ofreció testificar voluntariamente en reiteradas ocasiones. Tampoco se nos hizo caso.

¿Entiende que no haya responsabilidades personales?

La sentencia condena a Globalia Servicios Profesionales SLU y dice literalmente que no se ha encontrado al responsable de los hechos. Nos extraña muchísimo algo así en 2017. Además, el texto asegura que el resto de las compañías del grupo, Viajes Halcón, Tubillete.com o la misma Air Europa, no tenían por qué enterarse de esas prácticas. Es evidente que al menos un beneficio sí obtuvieron, a no ser que pensaran que vendían más por la calidad de su trabajo o porque les caían los clientes del cielo.

¿Halla explicación para la inacción de Fomento?

Hay varias teorías. Las más simplistas señalan que ante la escasez de compañías aéreas españolas, hacer daño a una podría significar quedarse sin ella. Yo no puedo decir más que lo que tengo constatado: una empresa de un sector económico fundamental ha disfrutado una situación de privilegio. Ahora bien, sí le digo que la consecuencia de esa inacción, tanto con el socialista José Blanco como con la popular Ana Pastor, provocó que prescribiera todo lo ocurrido antes de noviembre de 2010.

¿El fraude prescrito ha servido para pagar el que se ha juzgado y sentenciado?

Si a resultas de un periodo investigado de la misma duración que el no investigado salen estas cantidades, entendemos que durante el periodo prescrito habría un fraude por lo menos de la misma cuantía.

Aparte del claro desinterés durante años, ¿no hay control previo en la Administración?

No, y es otra de las cuestiones que llaman poderosamente la atención. Se trata de una partida incluida en el presupuesto estatal y el Ministerio de Fomento no tiene un sistema de fiscalización auténtico, un programa informático, que sería lo congruente. Hasta anteayer se hacía por escrutinio, estadísticamente.

¿Por qué Fomento empezó a pedir certificados de residencia?

Fue una maniobra de distracción. Tenían sobre la mesa una denuncia con nombres y apellidos, sabían a quién dirigirse y carecían de un sistema riguroso de fiscalización, pero redujeron todo a que había ciudadanos que fraudulentamente mantenían su residencia en Baleares y Canarias sin vivir en estas comunidades autónomas. Incluso se llegó a afirmar que la gente viajaba mucho.

Ahora se discute la conveniencia de poner precios máximos en los viajes de grupos.

Aparece y desaparece esta polémica. El fraude también existía en este ámbito, se cerraban contratos por un precio y al Estado se le pasaban otros muchos mayores para aplicar la subvención. Justificaban la diferencia en la publicidad que realizaban de la compañía los clubes deportivos, sobre todo. Simplificado, viene a resultar que esa publicidad la pagaban todos los españoles. En Baleares, el presidente de Globalia ya ha anunciado que se terminan los patrocinios.

¿Podría ocurrir lo mismo en Canarias?

Si alguien conoce algún club deportivo que tenga publicidad de esta compañía, puede que se encuentre con este problema.

¿Hay ya mecanismos para que no vuelva a ocurrir esto?

El refranero que es muy sabio dice que quien nace lechón muere cochino. Desde luego deseamos que la Administración lo impida a partir de ahora. Con mis escasos conocimientos jurídicos [con ironía], creo recordar que en el Código Penal se castiga al funcionario que teniendo conocimiento de la comisión de un delito no lo denuncia. De hecho, nos resulta llamativo que haya quedado acreditado el fraude y, por tanto, que durante mucho tiempo no se hizo nada por impedirlo a pesar de tener conocimiento de él, y no se pidan responsabilidades por ello.

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