La operación Lezo, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para determinar la existencia de una trama corrupta en el Canal de Isabel II, que abastece de agua a Madrid, salpica a las privatizadas torres de control de los aeropuertos de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que gestiona Saerco desde 2011. Esta entidad aparece en el registro como marca de la sociedad limitada Zubenelgenubi, cuyo administrador único es Ildefonso de Miguel, gerente del Canal hasta 2009 y en libertad tras abonar una fianza de cien mil euros. Fuentes de AENA señalaron ayer que el servicio en los mencionados aeropuertos se presta con total normalidad y desde Saerco aseguraron que Ildefonso de Miguel no "ostenta cargo alguno en la sociedad".
Ciudadanos teme que el juez Velasco decida la congelación de las cuentas de De Miguel en el momento en que tenga sospechas fundadas de la existencia de movimientos de elevadas sumas de dinero público en favor de alguno de los investigados. Entre ellos se encuentra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al que Ildefonso de Miguel acompañó en el famoso viaje a Colombia en el que el primero de ellos aseguró haber sido espiado.
Según Saúl Ramírez, diputado nacional por Las Palmas de la formación naranja, el bloqueo de los fondos podría conllevar problemas operativos para Saerco, por lo que han registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Mariano Rajoy para conocer si existe un plan de contingencia que asegure la normalidad en el servicio al margen de lo que ocurra durante la instrucción del caso.
Quienes han podido conversar con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en los últimos días aseguraron ayer que la preocupación existe y ya se está trabajando para despejar dudas sobre la prestación del servicio en unos aeródromos por los que a lo largo del año pasado transitaron un total de 13,4 millones de pasajeros.
Una de las posibilidades que se baraja es sondear a las empresas que concurrieron junto a Saerco a la convocatoria de 2011 para conocer su disponibilidad de cara a hacerse cargo de la gestión si llegara el caso. Entre estas se encuentran la UTE formada por Sacyr Concesiones y NAV Portugal o Agrupación Navsa-LFV, controlada por la también española FCC. Tanto AENA como Saerco insistieron ayer en desterrar cualquier atisbo de problema. Desde la última de ellas expusieron que el servicio "se presta con total normalidad".
Dicha firma se constituyó cuando ya estaba en marcha el proceso de licitación impulsado por José Blanco (PSOE) en su última etapa al frente del ministerio. A pesar de su bisoñez, se hizo con la adjudicación del paquete canario merced a una alianza con el operador checo de servicios de control ANS CR. Cinco años más tarde, Ana Pastor (PP) renovó la concesión.
Los sindicatos alertaron hace seis años de los problemas que podría acarrear traspasar al ámbito privado unas competencias consideradas estratégicas, especialmente en una comunidad autónoma como la canaria en la que el transporte aéreo es el único medio que garantiza una efectiva libertad de movimiento de los ciudadanos.
Ayer, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en las Islas, José Feliu, aseguró que siguen "con preocupación la deriva que ha tenido" dejar las torres "en manos privadas". El representante de la organización sindical recordó que la postura de USCA durante la privatización fue la de defender la necesidad de que este servicio quedara bajo la órbita de Fomento.
La propia USCA alertó en el otoño de 2011, cuando se produjo el fallo del concurso público, de que este se había conducido "con una prisa poco razonable". A ello añadieron la "nula experiencia" de Saerco en el sector y la limitada de su socio checo, ya que entraba en la gestión de tres torres con un tráfico mucho más denso del que hasta ese momento había negociado.
Feliu explicó ayer que muchos de los trabajadores que operan en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma son miembros del sindicato, por lo que expresó su deseo de que puedan "seguir en sus puestos" independientemente de las decisiones que adopte el juez Velasco. No obstante, expuso que esta intranquilidad demuestra que "el interés privado" no siempre permite colocar por encima de las demás cuestiones la "prestación del servicio".
Entre sus planes para el corto plazo, Saerco tiene previsto empezar a prestar el próximo mes de septiembre el servicio de plataforma en el aeropuerto de Barajas, es decir, los movimientos de los aviones que se producen entre las pistas de rodaje y los fingers. Hasta el momento, este servicio lo presta la empresa de capital público Ineco.
El ministro De la Serna cuenta con un plazo de 20 días para contestar a las preguntas tramitadas por Ciudadanos ante el registro del Congreso de los Diputados. "Queremos saber si el Estado se hará cargo de los salarios de los trabajadores en el caso de que no pueda hacerlo la empresa", explicó Saúl Ramírez.
