El presidente de la CEOE, Juan Rosell, considera necesario abordar en España una reforma "en serio" y "a fondo" de las pensiones de viudedad como parte de los cambios que se están discutiendo para sujetar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones. La patronal española defiende que se vaya más allá de la propuesta que está sobre la mesa de sacar las también llamadas pensiones de supervivencia (las de viudos y huérfanos) del modelo contributivo y financiarlas con impuestos en lugar de con las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores.

"La solución de financiar la viudedad con impuestos es engañarnos. Hay que reformarla en serio, a fondo", señaló Juan Rosell en declaraciones a Cinco Días. Esa opinión recupera una propuesta que la representación de los empresarios españoles hizo en otro momento al Gobierno de Mariano Rajoy: suprimir el carácter contributivo de las pensiones de viudedad y convertirlas en una prestación básica dirigida de manera exclusiva a aquellas viudas y viudos que no tengan recursos suficientes para su subsistencia por falta de rentas.

Esa prestación sería no contributiva (desligada del historial laboral de la persona fallecida) y se financiaría con ingresos públicos distintos de las cotizaciones sociales.

El criterio de la CEOE es que, como consecuencia de la incorporación de la mujer al mundo laboral y de los avances en la legislación sobre igualdad de género, la pensión de viudedad "ya no es una prestación de sustitución de renta como fue concebida en su origen" (una compensación que sustituye parcialmente las rentas familiares perdidas por el fallecimiento).

Aunque la citada organización no lo explicita en sus documentos, sus posiciones remiten a las de un sector de expertos que aboga por eliminar o limitar la concesión de pensiones de viudedad cuando el viudo o la viuda disponen de sus propias rentas procedentes del trabajo en cantidad suficiente.

En Canarias hay 78.968 personas con pensiones de viudedad que suman cada año cerca de 690 millones de euros. A escala nacional, el número de beneficiarios es de 2,3 millones y el coste total de 21.000 millones de euros.

Por otro lado, la patronal renunció a seguir pidiendo al Gobierno una rebaja de las cotizaciones sociales, algo que, si bien supone un "impuesto al empleo", reconoció que es incompatible con el actual déficit en la Seguridad Social. Rosell señaló que no piensa "perder el tiempo" en pedir una reducción porque "va a ser imposible" precisamente por el "déficit en la Seguridad Social" y "hay que pagar las pensiones".

Sin embargo, confió en que el incremento de ingresos no venga de la mano de un aumento de las cotizaciones, porque "sería muy dañino para el empleo", y de ahí que haya apostado más por "reformar en serio y a fondo" las pensiones de viudedad.