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El banco de Botín alcanza el 21% del negocio de las Islas tras la absorción

El Popular contaba con más de 85.000 clientes y 41 oficinas repartidas por toda Canarias

El banco de Botín alcanza el 21% del negocio de las Islas tras la absorción

El resultado del último capítulo escrito en el proceso de concentración del sector financiero español alcanza el 21% del negocio bancario en el Archipiélago. Según fuentes del sector, Banco Popular tenía un 4,9% que pasa a engordar ahora el 16,1% con que cuenta el Santander. A través de las 41 oficinas repartidas por cinco de las siete islas se atendía a más de 85.000 clientes que, al no existir quiebra, no ven peligrar sus ahorros. No ocurre lo mismo con la plantilla, integrada por 229 trabajadores, aún inmersa en un expediente de regulación de empleo (ERE) y sobre la que pesa la seria amenaza de más despidos.

Tras la absorción, el banco que preside Ana María Botín se coloca segundo en número de oficinas abiertas en el Archipiélago, con el 19,5% y solo por detrás de Caixabank (28,1%), según datos del Banco de España al cierre del pasado ejercicio. Con una importante salvedad, la compra trae aparejado el consabido cierre de sucursales.

Terminado ese proceso será momento de comprobar en qué proporción aventaja finalmente a BBVA, propietario del 14,8% de los establecimientos bancarios de las Islas. La provincia de Las Palmas (24) es la que mayor número de oficinas del Popular tenía, con trece situadas en Gran Canaria; siete, en Fuerteventura, y cuatro, en Lanzarote. Quince de Tenerife y dos de La Palma completan el mapa.

El 21% del total del negocio financiero que acapara ahora el Santander en Canarias también le eleva hasta el segundo puesto, prácticamente empatado con el BBVA y de nuevo por detrás de Caixabank (33,8%). Las fuentes consultadas señalaron que la mayor aportación de Popular a la nueva propiedad se concentrará en el segmento de empresas. Basta señalar que era protagonista del 17,7% de la banca dirigida específicamente a pymes en toda España, con una similar implantación en el Archipiélago.

"Tenemos cierta tranquilidad en el sentido de que ahora sabemos quién nos compra", explicó Ana Hernández, miembro del sindicato CCOO-Canarias y empleada del Popular. Se refería así a la atenuación, al menos momentánea, de las tensiones vividas en las últimas semanas. Sin embargo, ese final de la incertidumbre no oculta su temor a una "casi segura nueva reestructuración". En el ERE aún en vigor han salido 40 trabajadores (2.600 en toda España), de los 269 que había al inicio de la expeditiva medida laboral, "que ya era una plantilla escuálida", afirmó la sindicalista.

En paralelo, los despidos de Banco Santander en los últimos tiempos han afectado a alrededor de otros 80 empleados también solo en la región (2.500 en el conjunto del Estado), lo que coloca ante quienes aún permanecen en nómina un horizonte cuando menos incierto. En cualquier caso, Ana Hernández anunció pelea: "Vamos a luchar por que el proceso sea lo menos lesivo posible para los trabajadores y sus derechos prevalezcan".

Desde UGT-Canarias, el responsable del sector financiero, David García, expuso "la ineptitud de los directivos y la pasividad del Gobierno [central] y el Banco de España" como causas que han abocado al Popular a firmar la capitulación tras más de noventa años de historia. Por ello lanzó un llamamiento al Ministerio de Empleo, "para que igual que se han propiciado las condiciones que han permitido vender el banco por un euro al Santander, también el Ejecutivo adopte medidas que eviten la destrucción de empleo".

A su juicio, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se han mostrado "muy pasivos y no han impedido la especulación, permitiendo que los bajistas hayan ganado 130 millones de euros en solo una semana". Expertos en finanzas e inversión confirmaron que ha habido "quienes se han forrado", por ejemplo, "comprando derivados sobre la acción". Es decir, adquiriendo los títulos a un euro y asegurándose el derecho de venta por cinco. "Evidentemente si en el plazo convenido hubieran costado siete, perdían, pero eso tanto ellos como el banco y los reguladores sabían que no pasaría", explicaron.

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