Canarias busca 'cortafuegos' a la vivienda vacacional en zonas turísticas

Canarias pondrá límites a la entrada de la vivienda vacacional en las zonas turísticas. El Gobierno canario no solo exigirá el cumplimiento de una serie de requisitos de calidad de servicios y de seguridad jurídica, sino también el establecimiento de la "capacidad de carga" de cada una de estas áreas a municipios y cabildos. La consejera de Turismo del Ejecutivo regional, María Teresa Lorenzo, se reunió ayer con los responsables insulares de la misma materia para consensuar la nueva normativa que regulará este tipo de arrendamiento. El objetivo es equiparar la oferta tradicional con esta nueva modalidad alojativa para garantizar la sostenibilidad del modelo turístico del Archipiélago. Para ello, el Ejecutivo también ejercerá un mayor control sobre las plataformas digitales de alquiler vacacional para evitar que se cuelen ofertas ilegales y requerirá un registro de huéspedes.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbó recientemente el núcleo central del decreto aprobado en mayo de 2015 por vulnerar la libre competencia. El fallo dio la razón a los propietarios de las viviendas vacacionales al rechazar el veto que impuso el Gobierno al establecimiento de viviendas vacacionales en áreas turísticas y la prohibición del bed & breakfast. Pese a que el Ejecutivo ya recurrió este fallo y prepara el recurso de casación contra otra sentencia desfavorable, da por hecho que la Justicia abrirá la puerta al alquiler vacacional en zonas turísticas de forma definitiva.

La primera sentencia aún no tiene efecto porque está recurrida y el decreto, por ende, continúa en vigor. Aun así, Lorenzo subrayó que la Comunidad Autónoma "no se ha quedado parada" porque quiere dotar de más requisitos y exigencias a las viviendas vacacionales. Y pese a que la consejera entiende el posicionamiento del TSJC sobre el quebrantamiento de la libertad de empresa y la directiva europea de servicios, aseguró que no comparte otros fundamentos. Explicó, por ello, que el Ejecutivo "trabaja intensamente" para alumbrar una nueva normativa, de tal forma que esta actividad se regule en las zonas turísticas "con más garantías de las que actualmente hay en el decreto porque estaba concebido para viviendas fuera de estas áreas".

Entre las medias que estudia el Ejecutivo se incluye la elaboración de un registro como los que realizan los hoteles y apartamentos para que las fuerzas de seguridad controlen quiénes se alojan en las Islas y conocer, de paso, el volumen de visitantes que optan por esta modalidad. "La intención es tener un control de la oferta reglada y de la capacidad que tiene el destino para poder afrontarla", afirmó. Precisamente la planificación sobre esa capacidad de carga recaerá sobre los ayuntamientos y cabildos, pues la ley del suelo -cuyo debate final y aprobación definitiva tendrán lugar hoy en el Parlamento- permite que sean esas instituciones quienes adapten la planificación a sus necesidades, regulen los usos del suelo y determinen el límite de esa carga, según apuntó. Otro de los principales focos de atención se centrará en el funcionamiento de las plataformas de alquiler vacacional, sobre los que se establecerán controles que permitan atajar ofertas ilegales.

La consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, señaló la necesidad de que el nuevo decreto garantice el cumplimiento de la normativa laboral y fiscal para que la oferta hotelera y la del alquiler vacacional compitan "en igualdad de condiciones". Jiménez subrayó, a su vez, que el arrendamiento turístico, pese a ser una materia "delicada" y "polémica", constituye una alternativa que hay que "valorar en positivo" porque atrae a miles de turistas. "Es un producto que venido para quedarse", concluyó.

El alquiler vacacional cuenta con más de 28.000 viviendas en el Archipiélago, según detalla un informe de la consejería regional de Turismo con datos relativos al 2015. Durante ese ejercicio, se publicaron 42.029 anuncios en las plataformas digitales y los turistas que escogieron esta modalidad gastaron más 528 millones de euros. Un año antes, más de 1,25 millones de visitantes optaron por este alojamiento, lo que representó el 9,64% de los 12.990.963 turistas que llegaron a las Islas durante ese ejercicio.

Según los datos facilitados por Airbnb, una de las principales plataformas de esta modalidad de alojamiento, los arrendadores isleños ingresan unos 3.900 euros al año por el alquiler de sus viviendas. El perfil de los propietarios del Archipiélago que utilizan la web de la compañía tienen 43 años de media y alquilan sus viviendas durante 48 días cada ejercicio. Estas cifras sitúan a Canarias por encima de la media estatal. La ganancia por el arrendamiento de las casas vacacionales en el conjunto del país se situó en los 3.300 euros anuales y los propietarios, con una edad media de 42 años, alquilan sus hogares durante 36 jornadas al año.

En 2016, 331.000 personas utilizaron esta plataforma para hospedarse en las Islas, un 143% más en comparación con el año anterior. En total, hay registrados 10.200 propietarios, quienes han colocado 18.000 anuncios en la página de Airbnb. En este punto es necesario tener en cuenta que un anuncio no equivale a una casa, puesto que un arrendador puede ofertar solo una habitación o la vivienda entera.

La mayoría de los turistas que solicitan alojamiento en un inmueble vacacional de las Islas, el 97%, procede de Europa. Asimismo, según el informe de la plataforma, el inquilino de 37 años de media alquila la vivienda por una semana (6,6 días).

La existencia de una alta demanda de vivienda vacacional en el Archipiélago deriva en una escasez de viviendas de alquiler de larga temporada en zonas tradicionalmente residenciales. Esta circunstancia preocupa al Ejecutivo, que también aborda las posibles medidas que se pueden adoptar para atajar este problema. Asimismo, Jiménez destacó la necesidad de que la nueva normativa incluya el bed & breakfast por ser un producto turístico urbano "muy fuerte".