Los 21 expertos que hasta el pasado mes de julio evaluaron el modelo de financiación autonómica, como paso previo a la cercana negociación política de una reforma, no fueron capaces de llegar a acuerdos sobre la conveniencia de modificar el impuesto de patrimonio, un gravamen controvertido y que, junto al de sucesiones y donaciones, está en el centro de la competencia y la disparidad tributaria entre autonomías. Principalmente, por la decisión de Madrid de no restablecer el impuesto cuando, en 2011, lo hicieron el resto de regiones. Hoy, un canario rico con un patrimonio de cuatro millones de euros debe tributar algo más de 36.500 euros anuales, mientras que un residente en Madrid no pagaría nada.
El impuesto de patrimonio fue creado en noviembre de 1977 por el Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) comandado por Adolfo Suárez. El entonces ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, pretendía "saber qué tenían los españoles", señala el asesor fiscal Orlando Luján. El país salía de cuarenta años de franquismo en el que los grandes patrimonios campaban a sus anchas sin rendir cuentas.
De ese modo, podría disponer de un censo de riqueza para evitar fraudes en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que también se creaba entonces. Según los economistas más críticos iba a ser un tributo transitorio y excepcional, pero se consolidó y continúa vigente. Luján explica que no fue hasta 1991, catorce años después de su creación, cuando la figura impositiva perdió el apellido de "extraordinario. Está obsoleto, se trata de un impuesto caduco que en Europa solo mantiene Francia, pero [Emmanuel] Macron", el presidente galo, "ya ha anunciado que lo quiere eliminar", afirma el experto.
En la actualidad, existen dos bloques diferenciados. El sector de hacendistas próximos a las posiciones políticas de la derecha considera que el impuesto sobre el patrimonio desincentiva el ahorro y la inversión y resulta confiscatorio en la medida en que la carga fiscal puede superar los rendimientos anuales de la propiedad. A ello añaden que su incidencia en la redistribución de la riqueza entre toda la sociedad es muy limitada porque los contribuyentes más acaudalados cuentan con otros mecanismos para sortear el pago.
Aun admitiendo los defectos e ineficiencias que pueda tener este impuesto, los expertos que lo defienden subrayan todo lo contrario, es decir que posee un alto potencial de redistribución. Un argumento que define aún más su postura es la aseveración de que gravar el patrimonio con un impuesto específico tiene ahora si cabe más sentido ante el avance de la desigualdad económica y la tendencia a la acumulación de riqueza en una minoría. En otras palabras, se hace necesario para corregir el tradicional incremento de la brecha entre ricos y pobres que sucede a una crisis económica y más si cabe si se trata de una con las proporciones de la sufrida por las economías occidentales desde el año 2008.
Este debate entre unas y otras posiciones se reprodujo en las sesiones de la comisión de expertos sobre financiación autonómica. En el documento de conclusiones que entregaron a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace tres semanas, se reconoce la existencia de diferencias insalvables, que se pusieron de manifiesto cuando se suscitó la cuestión de si recomendar o no que se establezca un nivel mínimo de tributación. Un sector de la comisión planteó la creación de ese mínimo para evitar "las distorsiones económicas que podrían derivar de la movilidad interterritorial hacia las comunidades que decidan suprimir este tributo", se recoge en el informe. Es una alusión al caso de Madrid.
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decidió la supresión del impuesto en el año 2008. Mala idea teniendo a las puertas un crack económico que anunciaba serias dificultades para nutrir las arcas estatales. Tanto fue así que para el ejercicio 2011 la figura impositiva se había recuperado en un intento por amortiguar el descalabro de los ingresos públicos.
Se hizo fijando un mínimo exento de 700.000 euros. Es decir, solo los contribuyentes con un patrimonio de valor superior (una vez descontadas las deducciones y bonificaciones que correspondan a cada caso) estarían obligados a pagar. En Canarias, casi 6.000 contribuyentes. Sin embargo, Madrid, gobernada entonces por Esperanza Aguirre (PP), regateó las intenciones del Gobierno central y se negó a recuperar el impuesto. Para ello, aprobó una deducción del 100% de la cuota.
La diferencia entre Madrid y el resto de España en el impuesto de patrimonio ha estimulado la deslocalización de contribuyentes acaudalados en beneficio de la capital de España. Para quien tiene una base imponible de cuatro millones, el ahorro entre residir en Madrid o hacerlo en Canarias es de 36.546 euros anuales, según un ejemplo elaborado por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF). "Con ese dinero se puede financiar la compra de un piso en Madrid", señaló tiempo atrás un empresario de los que consideró la posibilidad de trasladar su residencia a la capital de España con el fin de disfrutar un ahorro fiscal.
"En el Archipiélago no se ha modificado el mínimo exento", explica Orlando Luján. Lo mismo ha ocurrido en Cantabria, Castilla y León y Castilla-La Mancha, comunidades en las que se paga la misma cantidad que en las Islas. Las tendencias normativas están marcadas durante los últimos años por las decisiones de varios gobiernos regionales de izquierdas (Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura o Navarra) de rebajar el mínimo exento (hasta los 400.000 euros en algún caso) para ampliar la nómina de contribuyentes y la recaudación.
29,5 millones en Canarias
En el Archipiélago se recaudaron por el impuesto de patrimonio 29,5 millones de euros en 2016, la segunda cantidad más alta desde que se recuperó la figura impositiva; en 2014 entraron en la caja por esta vía 38,6 millones.
Frente a los partidarios de fijar un mínimo de tributación y de obligar por ello a Madrid a cobrar el impuesto -miembros de la comisión nombrados a propuesta de gobiernos autonómicos de la izquierda-, el sector contrario a ello defiende que a aplicación del gravamen de patrimonio tenga "carácter opcional", permitiendo "en aras de la autonomía que aquellas comunidades que deseen mantenerlo lo hagan, pero sin obligar a las demás a seguir aplicando un impuesto muy cuestionado".
