Seguridad Integral Canaria (SIC), propiedad del presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, desmiente que se vayan a producir despidos con su salida del mercado de la vigilancia presencial. El administrador único y vicepresidente de la compañía, Héctor de Armas, comunicó ayer al comité de empresa de la provincia de Las Palmas que solo se cederán servicios a las empresas que mantengan en nómina a los trabajadores de la compañía, que se centrará a partir de ahora en el transporte de fondos -subsector en el que valora dar el salto fuera de Canarias porque solo existen cuatro empresas acreditadas para ello- y sistemas de alarmas. Según fuentes de la propia entidad, De Armas también negó que se entrase en quiebra o en un concurso de acreedores.

Las preguntas o dudas que tenga el comité de empresa deberán ser formularlas por escrito. La compañía, según las fuentes consultadas, quiere "evitar malentendidos" y se comprometió a responder, también por escrito, en un plazo máximo de 24 horas.

Los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical Canaria, Alternativa Sindical y USO mostraron su malestar por la actitud de la empresa porque De Armas dejó claro desde el principio que no se trataba de ninguna negociación, sino de una reunión en la que solo les iba a informar de la situación. Así, el vicepresidente de SIC les trasladó que en la subrogación se cumplirá con lo establecido por el código de comercio y la legislación laboral y que se irá informando a cada empleado afectado del acuerdo que se llegue con la que será su nueva empresa. No en vano, desde SIC se afirma que ya han comenzado los contactos con otras empresas de seguridad y que el objetivo es tener un resultado cuanto antes "para que los trabajadores tengan certidumbre".

Los sindicalistas lamentan el "mensaje ambiguo" lanzado por De Armas, en el que no incluyó, según apuntan, detalles de cómo se iba a ejecutar todo el proceso o qué garantía ofrecían sobre la legalidad de su actuación. Por ello, de forma conjunta los representantes de los trabajadores han planteado seis cuestiones sobre la tramitación de un posible procedimiento concursal de forma inminente o en los próximos meses ante el Juzgado de lo Mercantil, si SIC pagará de forma puntual los salarios mientras dure la cesión de contratos o si los servicios que mantiene con clientes privados se traspasarán a empresas " low cost" como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad que los sindicatos vinculan con Miguel Ángel Ramírez. Una relación, en cambio, que SIC ha negado en varias ocasiones. Los sindicalistas temen que la subrogación sea una maniobra para pagar menos a los trabajadores, ya que según remarcan esas compañías no cumplen con el convenio sectorial.

El comité de empresa también pregunta a la empresa si se respetarán los plazos fijados por la Justicia para el pago de las deudas por las diferencias salariales que se produjeron tras el descuelgue en 2012 del convenio. Asimismo, afirman que los servicios que SIC presta en los establecimientos de Dinosol pasarán a partir de este viernes a Sinergias, por lo que también solicitan información al respecto. Las mismas fuentes apuntan a que a la misma compañía se cederán los servicios en Riu y Anfi del Mar.

Los sindicatos han convocado una huelga y manifestación para el próximo 7 de septiembre contra SIC, Marsegur y Sinergias. Ésta última, en respuesta al comunicado de huelga presentado por el comité de huelga, afirma que cumple con la ley laboral vigente y que no han tenido ninguna reclamación del pago de salarios, algo que los sindicatos niegan porque existen, según recalcan, sentencias que así los avalan. Asimismo, Sinergias señala que al tratarse de la víspera de la festividad del Pino, se deben garantizar los servicios mínimos, con el 100% de efectivos, en edificios como los de Hacienda, la biblioteca municipal o la Consejería de Agricultura por el nivel de seguridad nacional actual.