El Gobierno canario teme que las lagunas de las que adolece el actual decreto que regula el alquiler vacacional en las Islas suponga un coladero de camas irregulares dedicadas a esta modalidad turística. Por eso el objetivo inmediato del Ejecutivo es modificar algunos aspectos del texto vigente, anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y posteriormente elaborar una ley que regule este subsector turístico, cada vez más importante en la principal actividad económica del Archipiélago.

El alquiler vacacional ya está provocando importantes distorsiones en el mercado de la vivienda, pero también en la convivencia en edificios y comunidades de vecinos donde se mezcla el alquiler residencial con el turístico. En islas como Lanzarote y Fuerteventura buena parte de la oferta de casas están copadas por el negocio vacacional, lo que está provocando serios contratiempos a los que quieren un piso de alquiler a un precio asequible para ir a trabajar a esas islas.

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, alertó en el Parlamento del riesgo de que haya un "problema enorme" si hay una sentencia contraria del Supremo tras el recurso presentado por la Comunidad Autónoma al fallo del TSJC que anula varios preceptos del decreto. "El tiempo nos apremia y tenemos primero que modificar algunos articulos del decreto para dar seguridad jurídica y evitar que ante una laguna legal se nos den de alta y nos distorsionen el mercado un número muy cuantioso de viviendas en alquiler vacacional y al final no podamos reconducirlo", indicó Clavijo en el pleno de la Cámara a una pregunta del portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.

Una vez que se reconduzca esta situación el objetivo es elaborar una ley para darle un mayor rango jurídico al fenómeno de las viviendas vacacionales, abriendo un debate con todos los implicados del sector y con los grupos políticos del Parlamento. Según Fernando Clavijo, los análisis y estudios que se están realizando en relación con el decreto "van a contribuir al trabajo de la futura ley".

Tanto el jefe del Ejecutivo regional como el portavoz de NC en la Cámara regional incideron en los problemas de convivencia que se están generando porque hay zonas residenciales donde estas prácticas están alterando el modo de vida de la gente. Se trata de una fenómeno creciente que ya no sólo afecta a las zonas turísticas, sino también a barrios de los principales municipios y capitales de las Islas. Según los últimos informes encargados por la empresa pública Promotur, hay unas 128.000 camas vacacionales de las que casi la mitad están fuera del mercado al no estar incluidas en ninguno de los supuestos que se recogen en el decreto parcialmente anulado por la Justicia.