La nueva ley hipotecaria, cuyo proyecto de ley aprobó ayer el Consejo de Ministros, introduce más controles para dar seguridad a los hipotecados frente a los banco. Si bien queda el refrendo del Congreso, la norma pretende reducir los gastos asociados a modificaciones en los contratos hipotecarios , reforzar su transparencia y endurecer los requisitos para que los bancos puedan ejecutar las hipotecas: lo condicionan a que se hayan producido nueve impagos mensuales frente a los tres actuales, o equivalentes al 2% del capital concedido, durante la primera mitad de la vida del préstamo. Durante la segunda mitad, el porcentaje es del 4% o de 12 cuotas mensuales impagadas.
La norma, denominada Ley de Crédito Inmobiliario, abarata, entre otras cosas, las comisiones de cancelación anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta eliminarlas a partir de los cinco años de vigencia del contrato.
La conversión de crédito hipotecarios de tipo variable a fijo no pagará comisión a partir del tercer año y se rebajarán los gastos de aranceles y notaría, al tiempo que se prohibe a la entidad la venta de productos vinculados a las hipotecas, como los seguros de vida, aunque se permite a la entidad ofertas alternativas, con o sin productos asociados. En esas ventas combinadas, la entidad financiera deberá informar de los distintos presupuestos, como una medida de transparencia obligatoria.
Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, la norma eleva la transparencia de las hipotecas, con el objetivo de evitar situaciones como las que se han producido en los últimos años, con las cláusulas suelo.
La nueva norma establece, asimismo, que durante los siete días previos a la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas.
El texto prevé también la posibilidad de que el consumidor pueda solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo la conversión -en euros o en la divisa en la que percibe la mayoría de los ingresos- del crédito en moneda extranjera, con lo que se eliminan los problemas de las hipotecas llamadas multidivisas.
La norma es el resultado de la transposición de la directiva europea sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, aunque en algunos aspectos "va más allá", señala el ministro, para reforzar la seguridad jurídica y el equilibrio contractual entre prestamista y prestatario.
El proyecto de ley incluye incentivos para la transformación de créditos hipotecarios que pasen de variables a fijos.
