Seguridad Integral Canaria (SIC) alerta de que los 1.500 empleados que prestan sus servicios para la Administración autonómica pueden quedarse sin trabajo. Si los sindicatos no aceptan la subrogación transitoria de los contratos con los organismos públicos ante la salida del mercado de la vigilancia presencial anunciada por la empresa a finales de agosto, los vigilantes "corren el riesgo" de engrosar las listas del paro o no cobrar sus salarios, según sostiene la propia compañía.

La entidad, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, explicó entonces que la baja cuantía de las licitaciones públicas y el retraso de la Administración en los pagos abocaba a la empresa a abandonar esa línea de negocio por su escasa rentabilidad. Ante este anuncio, los sindicalistas mostraron su temor por la posibilidad de que los servicios de SIC se cedieran a otras compañías como Marsegur o Sinergias de Vigilancia y Seguridad -las cuales han vinculado a Ramírez pese a la negativa de fuentes de SIC- al entender que las condiciones laborales eran peores que en Seguridad Integral.

La compañía, que a partir de ahora se centrará en los segmentos de los transportes blindados y las centrales de alarmas, expone en un comunicado que la alternativa planteada por la empresa consiste en que esos 1.500 trabajadores "sean subrogados transitoriamente" a otra empresa -en este caso Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que es la que ha asumido los contratos públicos de SIC- hasta que en los primeros meses de 2018 el Gobierno autónomo resuelva los concursos para adjudicar los servicios hasta ahora prestados por ella. La compañía sostiene que esta alternativa ha sido ya aceptada por las administraciones públicas de rango estatal e insular hasta que, una vez se resuelvan los nuevos concursos públicos, se produzca una adjudicación definitiva a alguna de las empresas que concurran a los mismos.

Tras conocer la salida de SIC del negocio de la vigilancia presencial, los sindicatos denunciaron que tanto esa compañía como Marsegur y Sinergias no aplican el convenio sectorial que por ley están obligados a emplear, por lo que también mostraron recelo ante la posibilidad de que esas empresas, que han calificado de "bajo coste", se hagan con los concursos públicos. Una licitaciones que, según apuntaron, han ido cada vez más a la baja como consecuencia de la crisis económica, por lo que entienden que la Administración también ha abierto la puerta a la implantación de la exclusión social y la precariedad laboral.

Seguridad Integral subraya que en caso de que los representantes sindicales no acepten la fórmula de la subrogación transitoria, se abre la puerta de un concurso de acreedores. Éste, según señala en la nota, comenzaría a aplicarse antes de finales de año y "abocaría al impago indefinido de salarios y, consiguientemente, al cese de actividad de la empresa y la remisión de los trabajadores al desempleo".

El comité de empresa de SIC se reunió el pasado mes de agosto con el administrador único y vicepresidente de la compañía Héctor de Armas. Este encuentro, ideado para que la representación del segmento laboral de la entidad mercantil conociese de primera mano el proceso en el que se sumergía SIC, agrandó aún más el distanciamiento entre ambas partes, pues según esgrimieron los sindicatos entonces la empresa no aclaró sus dudas, que fueron respondidas por escrito. "No hay peor mentira que una media verdad", aseguraron en aquel momento, mientras que fuentes de SIC insistieron en que se les facilitó toda la información requerida.

La compañía presidida por Miguel Ángel Ramírez insiste en que su "objetivo primordial" es garantizar los puestos de trabajo, por lo que espera que sus empleados "animen" a los sindicalistas del sector de la seguridad privada "a velar por los verdaderos intereses del colectivo afectado" pues, según subrayan, la subrogación transitoria a otra empresa es la medida más idónea para evitar, ante esta situación, que 1.500 vigilantes vayan al paro.

La respuesta por parte de lo sindicatos no se ha hecho esperar. El secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO Canarias, Juan Díaz, afirmó ayer que es "mentira" que esos trabajadores vayan a ir a la calle si no aceptan ser cedidos a la empresa Sinergias. Díaz anunció, a su vez, que tanto su sindicato como UGT, CCOO e IC no asistirán hoy a la reunión que tenían previsto celebrar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que le habían solicitado al haber incluido el Ejecutivo la presencia del CSIF, un interlocutor que no consideran válido por no ser representativo en el sector. En declaraciones a Efe, Díaz aseguró que lo que pretende la empresa de Miguel Ángel Ramírez es presionar.