La deuda pública de Canarias cada vez entraña menos riesgos para el inversor. Lejos de sufrir el descrédito financiero de regiones como Cataluña, lastrada por el desafío secesionista, las Islas no solo vienen ganándose la consideración de las agencias de calificación o de rating, sino que incluso se han situado ya como el territorio más solvente de entre las 15 comunidades autónomas de régimen común, es decir, todas menos Navarra y el País Vasco. Una valoración que, además, comparten tanto Fitch como Standard & Poor's (S&P), dos de las tres agencias más importantes del mundo -el Gobierno que preside Fernando Clavijo no tiene contrato con Moody's, la tercera firma neoyorquina que integra el peculiar oligopolio de la calificación de riesgos-, y que, paradójicamente, es en buena medida el resultado de dos factores por los que la Consejería de Hacienda ha sido criticada en los últimos meses: el incremento de la recaudación por el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y la ejecución presupuestaria.
En la clasificación de Fitch, Canarias y el País Vasco son las dos únicas comunidades merecedoras de una nota BBB+, lo que significa que su calidad crediticia es satisfactoria, esto es, que ambas autonomías tienen capacidad para satisfacer sus compromisos de pago en tiempo y forma. Y el Archipiélago también está a la vanguardia financiera del Estado a juicio de S&P, que tras el último examen a las cuentas públicas y el entorno económico de las Islas ha puesto a la región una nota de BBB+ con perspectiva positiva, la misma que a Galicia, los dos únicos territorios de régimen común que llegan a esta calificación (Andalucía está en BBB+ pero con perspectiva estable, un escalón por debajo).
Y en la práctica, ¿qué supone esta consideración? Pues que los potenciales inversores tienen una garantía de solvencia en el caso de decidirse por adquirir deuda de la Comunidad Autónoma. Cuanto mejor sea la calificación crediticia de Canarias, menor riesgo le acarrearán sus títulos de deuda al inversor, lo que finalmente permitirá a las Islas financiarse en los mercados a un menor coste. Dicho de otro modo: el inversor que busca seguridad optará antes por la deuda de Canarias que por la de Cataluña, que tendrá que ofrecer mayores rentabilidades, es decir, que tendrá que pagar más que las Islas.
Hay que puntualizar, además, que la nota máxima a que puede aspirar el Archipiélago está condicionada por la nota máxima de España, ya que aquella nunca podrá ser superior a esta, toda vez que las agencias de rating consideran -entre otras cosas por la alta dependencia de las transferencias que reciben de las arcas estatales- que las autonomías no pueden tener un perfil de riesgo más resistente que el del país. De hecho, y de no ser por esta condición, la nota de Canarias sería incluso superior, lo que explica por qué S&P da un A+, una calificación tres escalones por encima del BBB+, al perfil individual de las Islas, es decir, ese marco en el que la región no estaría limitada por la deuda soberana, esto es, la del país.
Las agencias valoran en sus informes el equilibrio presupuestario, la gestión financiera y la mejora económica. En este sentido podría sorprender el valor que S&P da a los altos niveles de ejecución presupuestaria, últimamente cuestionados, y el que Fitch concede a la recaudación de los tributos propios, fundamentalmente el IGIC.
El análisis de Fitch, al que ha tenido acceso este diario, pone énfasis en cómo el incremento de la recaudación propia, básicamente vía IGIC, ha sido uno de los elementos que han permitido al Ejecutivo regional tomar ventaja respecto del resto de gobiernos autonómicos. Este incremento de la recaudación y las mayores transferencias estatales han contribuido a mejorar el "desempeño presupuestario".
