El Ejecutivo veta a las empresas de seguridad que paguen menos que el convenio

El Ejecutivo regional excluirá de los concursos de seguridad de los edificios autonómicos a las empresas que paguen por debajo del salario que recoge el convenio estatal del sector de la vigilancia privada. El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, adelantó ayer que en el pliego de la licitación de los contratos para la seguridad de los edificios judiciales que se está preparando -el que está en vigor caducará en pocos meses- no contemplará ofertas que incluyan el pago de sueldos que incumplan el acuerdo sectorial.

Seguridad Integral Canaria (SIC), que en agosto anunció su retirada del mercado de la vigilancia presencial, advirtió la semana pasada que los 1.500 empleados que prestan sus servicios para la Administración autonómica pueden quedarse sin trabajo si finalmente se convoca un concurso de acreedores porque los sindicatos no acepten la subrogación transitoria de los contratos que la empresa mantiene con órganos públicos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Barragán, en declaraciones a la Cadena Ser, anunció que en breve habrá una "respuesta colegiada" sobre esta propuesta y los contratos que mantiene SIC en las distintas consejerías.

Precisamente esta compañía firmó el 8 de noviembre en sede judicial un acuerdo con los empleados por el que se comprometió a abonar las nóminas antes del día 5 de cada mes y a ingresar de forma puntual, a los vigilantes de Las Palmas, los pagos aplazados por las diferencias salariales como consecuencia del descuelgue del convenio en 2012 y que fue anulado por la justicia en 2016.