La empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) se encuentra en la recta final de su proceso de saneamiento, que prevé finalizar en enero. Después de las dificultades de los últimos tiempos y tras culminar con éxito las negociaciones con los sindicatos, se aleja definitivamente el fantasma del concurso de acreedores y se entra en una fase de reconversión interna para encarar nuevos proyectos.
Desde el primer momento el objetivo de Seguridad Integral Canaria era evitar un proceso traumático para los 2.518 trabajadores que formaban parte de la plantilla. Por ello se optó por varias medidas con el fin de continuar en el mercado de la seguridad privada, solventar las deudas con la Seguridad Social y Hacienda y mantener los puestos de trabajo.
Las negociaciones abiertas con los clientes del sector privado de SIC han culminado con un amplio respaldo ya que el 97% de los mismos ha aceptado la propuesta de subrogar las plantillas que prestan los servicios contratados a la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS). En el sector público se ha logrado subrogar alrededor de un 70% de los contratos que se mantienen con las administraciones y las entidades públicas. Esta subrogación de la plantilla garantiza los empleos.
Seguridad Integral ha logrado nuevos ingresos a través de la venta de su cartera de clientes -lo que le reporta 510.000 euros mensuales- y mantiene vigente la vigilancia del Metro de Madrid -1,7 millones al mes- lo que supone pagar las deudas que se mantenían con la Seguridad Social y Hacienda, dejar los gastos de personal al mes en 980.000 euros y tener un margen operativo mensual de 1,1 millones, lo que supondrá el total saneamiento de la empresa a finales de enero.
Este proceso de reconversión interna ha supuesto que de una plantilla de 2.518 trabajadores que se tenía el pasado 1 de septiembre se pase a 791 a fecha de hoy, 769 a la finalización de este mes y alcanzar el 31 de diciembre los 265 trabajadores en Canarias, a los que hay que añadir los más de 500 que forman parte de la vigilancia del Metro de Madrid, cuyo contrato está prorrogado hasta que se convoque de nuevo el concurso a mediados del próximo año. De esta forma se despeja el objetivo empresarial de continuar en el sector de la seguridad privada.
Otras de las medidas en las que se ha trabajado a fondo es la negociación con los principales sindicatos que representan a los trabajadores. En su momento, SIC se descolgó del convenio estatal de seguridad privada al amparo de la reforma laboral, medida que fue recurrida por las centrales sindicales y que terminó anulando el Tribunal Supremo, lo que implicó para la empresa tener que pagar con efecto retroactivo la parte de los salarios que no se abonaron durante los cuatro años que duró el conflicto judicial, entre 2012 y 2016. Esta situación supuso un duro varapalo para las cuentas de la empresa, que se vio en la tesitura de negociar con los representantes de los trabajadores la devolución de los atrasos de forma escalonada. Durante el proceso de negociación se embargaron las cuentas de la sociedad y los bancos cerraron el grifo a los créditos.
Tras arduas negociaciones y un conflicto en ciernes, se pactó un calendario de pago de atrasos hasta el año 2020 y se desechó por parte de la representación sindical la petición de ejecución de la sentencia, levantándose de esta forma los embargos bancarios que no dejaban margen de maniobra financiero a la empresa.
Fuentes de la empresa señalan que la situación del sector de la seguridad privada en España se ha ido deteriorando en los últimos años de forma imparable. Mientras en 1995 el número de empresas registradas era de 200, en este año se alcanzó la cifra de 1.850 sociedades frente a una caída del negocio del 8% anual entre 2009 y 2014. Las empresas han tenido que soportar una subida de costes del 4,75% frente a una facturación que se ha visto reducida en un 22% en los últimos cinco años. Asimismo, los concursos públicos han ido a la baja, convirtiéndose prácticamente en subastas.
Un ejemplo elocuente de la crisis de la seguridad privada es el conflicto de Eulen de este verano en el aeropuerto de El Prat, los conflictos laborales por el bloqueo en las negociaciones en varias capitales españolas, la madurez excesiva del mercado con unos márgenes muy bajos, un total de 83.000 vigilantes de los que sólo 30.000 son viables y unas pérdidas generalizadas que las grandes empresas solventan gracias a sus cuentas en América.
