La I Mesa del Transporte Terrestre, que integran el Ejecutivo regional, los cabildos y los subsectores del transporte, decidió ayer abordar la modificación de la ley de carreteras en breve plazo. El objetivo declarado por el consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido es dotar al sector de más "músculo" en comparación con el que aporta la norma que está actualmente en vigor. El marco normativo data de 2007 y ni siquiera ha llegado a desarrollarse en su plenitud a pesar de haber contado con diez años para ello.

Los cambios en el transporte han dejado fuera de contexto la ley existente. Hay prisa por adaptarla y en la reunión de ayer ya se fijó el calendario de reuniones para los próximos meses. Desde enero se trabajará en ello desde todos los ángulos: Mesa Interadministrativa, Mesa del Taxi, Mesa de Viajeros y Mesa de Mercancías.

Rodríguez Valido puso de manifiesto la predisposición del Ejecutivo a escuchar las demandas de los implicados. El último anteproyecto de ley manejado suponía "una apuesta clara por la liberalización y no atendía las demandas" de los operadores, apuntó el consejero. Por ejemplo, la federación regional de taxis, quiere evitar en las Islas los conflictos que genera en la Península la presencia de Uber.

El Gobierno regional opta así por tener un mayor intervencionismo y aportar "más músculo", en palabras de Rodríguez Valido, al sector con el fin de aunar las políticas insulares y regionales en materia de transportes y de movilidad en Canarias.

Entre las demandas que se debatieron ayer estuvieron las del sector de las guaguas, que expuso la necesaria reforma de los convenios de transporte en lo referente a la contratación de personal y la autorización para trabajar. Mientras la licencia canaria solo sirve para operar en las Islas, los transportistas de la Península pueden hacerlo por toda la red nacional, agravio con el que se quiere acabar.