El Gobierno de Canarias vuelve a la carga en un intento por convencer a los desempleados del Archipiélago de la necesidad de cambiar de municipio o isla cuando existe una oferta de trabajo. Como señaló ayer la consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales del Ejecutivo regional, Cristina Valido, el objetivo es paliar el incremento de los alquileres residenciales con el abono de 350 euros mensuales para dicho concepto y otros 80, para transporte.

No es el primer intento en la historia de la autonomía para el fomento de los traslados en busca de empleo. Anteriormente no hubo éxito, si bien es cierto que se produjeron antes de que asomara la crisis. Para la consejera, no se trata de ser más o menos proclive a dejar el domicilio de siempre, sino de que esa decisión "tenga sentido". Valido puso como ejemplo el galope del precio del alquiler en las islas en las que se genera más empleo, "Lanzarote o Fuerteventura". Sin nombrarlo, puso el dedo en la llaga del efecto generado por la explosión del alquiler vacacional y el consiguiente recorte de los arrendamientos residenciales.

Colectivos como el de los docentes han sufrido en los últimos años este problema. Ahora bien, la consejera de Empleo señaló que quienes van a tener prioridad serán aquellos que cuenten con "menos recursos". Por tanto, se seguirá un estricto orden en el que tendrán gran relevancia cuestiones como los ingresos o el tiempo que se lleve parado. Así hasta que se agoten los 540.000 euros aprobados ayer para este capítulo.

El fomento de la movilidad de los trabajadores es una de las cuestiones que aprobó ayer el Consejo General de Empleo, en el que patronales y sindicatos debaten con el Ejecutivo canario. Se trataba de dar luz verde al Plan Extraordinario de Empleo Social que se incluye en el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), revitalizado al calor de la mejora de la recaudación fiscal y el clima de entendimiento con el Gobierno central.

El plan extraordinario cuenta con 28 millones de euros, de los que 18 -el doble que el pasado año y el 42% de todo el PIEC- parten de las arcas autonómicas, mientras que los otros diez los aportan los diferentes ayuntamientos. El objetivo global es generar 2.923 oportunidades laborales para emplear a otras tantas personas en riesgo de exclusión.

Los 88 municipios han presentado proyectos para el Plan Extraordinario de Empleo Social del PIEC, según explicó la consejería a través de un comunicado al término de la reunión. Para acogerse a alguna de las medidas puestas en marcha, es condición necesaria sufrir un estado de vulnerabilidad constatado por los servicios sociales de cada uno de los municipios. "Perfiles de parados de larga duración y personas que tienen especiales dificultades para integrarse o para recuperar el empleo", expuso Cristina Valido.

El crecimiento del presupuesto permite alargar en esta ocasión hasta los doce meses la duración máxima de los contratos, lo que, a juicio de la consejera, "supone un cambio importante". Hasta la fecha solo era posible contratar por medio año. Ahora será potestad de cada ayuntamiento, en función de, por ejemplo, el número de desempleados que tenga, decidirse por un mayor número de contratos de menor duración o un número inferior de relaciones contractuales pero más largas, lo que incluso puede dar derecho al subsidio por desempleo cuando la relación expire.