A lo largo de la historia uno puede ver cómo las sociedades funcionan armoniosamente o de modo más caótico. En la salida de la Segunda Guerra Mundial y en España, en concreto, al final del franquismo hubo un contrato social que funcionó bien durante los "treinta gloriosos" de la historia económica. Pero algo empezó a estropearse en los 90 con el retorno de la desigualdad y la caída de los salarios reales, que se rompió definitivamente con la crisis de 2008 y con la política europea de austeridad del 2010. Así resume el profesor Antón Costas, en dos minutos, la historia reciente del país. ¿Para qué? Para explicar por qué hace falta un nuevo contrato social. "Ese pegamento que mantenía la armonía se rompió cuando una de las partes incumplió el contrato y la otra cuestionó el sistema", explica el catedrático de Política Económica, que reflexiona sobre lo que falla y lo que España necesita en El final del desconcierto.
Usted asegura que en los últimos años ha crecido la desigualdad social.
Si haces una comparación en España te saldrá que los ciudadanos con más bajo nivel de gasto social, me refiero a servicios como educación, sanidad o dependencia, son los valencianos, con 1.800 euros al año por ciudadano. Para los vascos son 4.800 euros.
¿Y los catalanes?
En Cataluña hay un nivel de pobreza muy elevado. Analizamos las comunidades como globales. Cataluña es más rica en términos de PIB pero el área metropolitana de Barcelona, la zona obrera, tiene muchos más pobres. La política tiene que ir dirigida a mejorar las necesidades de la gente.
¿Se arreglarán esas diferencias con la esperada reforma del modelo de financiación?
Urge un nuevo modelo de financiación autonómica a medio plazo que elimine las diferencias. Un modelo equitativo para el conjunto de España será bueno también para Cataluña. No satisfará a los más independentistas pero en general el conjunto de la ciudadanía saldrá bien parada. Quiero decir con esto que lo importante es igualar el trato a los ciudadanos catalanes con el conjunto de los ciudadanos españoles.
Otras comunidades han pedido conocer las cifras del cupo vasco porque consideran que afecta al resto de autonomías. ¿Cómo encajar el concierto de esta autonomía en el nuevo modelo?
El agravio que hay que arreglar es la diferencia entre lo que percibe un valenciano y un vasco. La Constitución admite y da apoyo al concierto vasco, lo que no da apoyo es a la desigualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales. No hablo de quitar al País Vasco el concierto, sino de que sepamos de una vez cómo se calcula ese cupo. Contra esa desigualdad casi no se habla, sin embargo, cuando Cataluña dice que hay que reequilibrar un poco sí se reacciona.
Miquel Iceta, del PSC, propone que Cataluña recaude sus propios impuestos. ¿Qué opina?
Lo que pide Iceta es una agencia tributaria compartida con la estatal. España es el único país federal -lo considero federal aunque lo llamemos autonómico- donde el Gobierno central no recauda ningún tipo de impuestos en dos comunidades: País Vasco y Navarra. Entiendo que aquellas comunidades que lo deseen puedan concertar una agencia tributaria y que esa agencia recaude los impuestos dentro de la comunidad pero con toda la información de la central. Habrá comunidades que lo quieran y otras que no, de la misma forma que hay comunidades que han querido una policía propia y otras no. La agencia tributaria compartida es una asimetría que no tiene por qué producir agravios en el derecho de los ciudadanos. No lo veamos como un mecanismo de agravio sino como un mecanismo hacia aquellas comunidades que tienen un mayor apetito por el autogobierno, pero que no tiene ni debe producir diferencias en igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales.
Dígame tres cambios necesarios para que mejore la situación en España.
Mejorar el modelo de financiación, como hablamos. Segundo: separar de forma más precisa las competencias del Gobierno central, de las autonomías y las compartidas. Tercero: el Senado debe ser una cámara territorial -como en Estados Unidos o Alemania- que, una vez bien definidas las competencias, proteja a las autonomías de la intervención arbitraria del Gobierno central. Deben ser objetivos prioritarios para escribir el nuevo manual de instrucciones del funcionamiento del Estado de las autonomías.
¿Se podrían aplicar sin reformar la Constitución?
Los dos primeros sí. Lo del Senado no.
¿Cómo están los ánimos en Cataluña tras estos meses de vértigo?
El clima ya ha cambiado. Cataluña se ha dado cuenta de que ley de gravedad también estaba vigente en Cataluña, es decir, que hay límites a lo que puedes hacer, en la vida y en la política. Para muchos ha sido un baño de realidad.
Muchos se preguntan por qué Cataluña llegó a este punto...
Hay que entender que el malestar social en Cataluña tiene una expresión diferente al resto de España. Coincidiendo con el movimiento de los indignados, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) levantó la bandera de la independencia. Recordemos que en Cataluña hay, desde hace un siglo, aproximadamente un 25% de población que ideológicamente o sentimentalmente es independentista. Se une ahora otro 10%, independentistas funcionales, que buscan la reacción del sistema político.
¿El objetivo cinco años atrás era la independencia?
Creo que en 2012 ni Artur Mas, ni Convergencia, ni el Gobierno de la Generalitat ni Esquerra Republicana tenían para nada en sus objetivos la independencia. Con la pérdida de votos en 2012 , y después en 2015, Convergencia busca el apoyo de la CUP. La ANC se hace fuerte e influyente. Y vienen estos años locos. Yo creo que el nacionalismo catalán quería parar pero la inercia era tal, con la presión de la CUP y la ANC, que llegan a ese 6-7 de septiembre con ese golpe de Estado legal. A mi juicio, unos daños ya están hechos, pero lo más importante es evitar la continuación de otros daños.
¿Qué cree que va a pasar tras en las elecciones de ayer?
El nuevo Gobierno o Parlamento tendrá que enviar el mensaje claro de que las leyes se respetan. La Constitución se podrá cambiar pero, si se cambia, será por acuerdo y por consenso.
Son casi 3.000 las empresas que han cambiado su sede a otras autonomías. ¿Era algo evidente?
Desde 2015 hasta el 6 de septiembre de 2017 (aprobación de la ley del referéndum) la situación política y social de Cataluña era de gran tensión. Desde un punto de vista empresarial era una situación de riesgo. Te cubres con un seguro, para entendernos, pero puedes seguir conduciendo. En ese tiempo no hubo salidas de depósitos ni caídas de inversión. Por lo tanto, no es el riesgo o la tensión política lo que afecta al ahorrador o al empresario. El problema es la incertidumbre, la niebla.
¿Se refiere a que el detonante fue el referéndum del 1 de octubre?
Sí. El riesgo se convirtió en niebla y eso sí que es nefasto para las empresas. Soy consejero de varias.
¿Quién reaccionó primero?
¿Los primeros en reaccionar? Los ahorradores. De lunes a jueves de esa semana las salidas de depósitos fueron enormes. Por eso la primera salida de sede corporativa fue el Banco Sabadell. Las empresas desplazaron la sede corporativa y la fiscal, en algún caso. No sabían si se iba a poner en marcha una agencia fiscal catalana que obligase a depositar IVA, impuesto de sociedades o IRPF en una institución catalana que no eran capaces de ver.
¿Habrá retornos?
Creo que sí. Volverán cuando no haya niebla y vean el camino despejado.
