El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigado el próximo 20 de febrero al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra por el 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por la entidad bancaria.
Ese mismo día, y una hora después, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también llama a comparecer como investigados a los ex directores generales de la caja catalana Adolf Todó y José María Loza.
Al día siguiente, 21 de febrero, están citados otros exdirectivos de la entidad Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güel; el día 22, acudirán a la Audiencia Nacional Antoni Llarden, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echaniz; mientras que el día 23 comparecerán ante el juez Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.
El Ministerio Público denunciaba por "notables irregularidades" en la gestión de la caja a los ex altos cargos por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constataba que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.
"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destacaba.
La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, el cual consideraba que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB.
La caja, a través de sus órganos de gobierno --consejo de administración o comisión ejecutiva-- acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.
En la mayoría de los contratos no se establecieron cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.
En cuanto a la actuación concreta de los exdirectivos, incluido el que fuera exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la Fiscalía detectó una "total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.
Por ello, el Ministerio Público concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".
