El proceso abierto entre el Gobierno central y los sindicatos nacionales para estabilizar los puestos de trabajo de los funcionarios temporales e interinos está provocando en Canarias una fractura entre los sindicatos que negocian en Madrid -CCOO, UGT y CSIF- y los sindicatos canarios -Sepca, Intersindical y Co.bas- por las consecuencias del mismo para los más de 18.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma que se encuentran en esta situación, además del personal que trabaja para los cabildos y ayuntamientos.
En las últimas semanas las negociaciones entre las centrales sindicales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han avanzado y ya se habla de un inminente acuerdo en el que se engloban cuestiones como el incremento salarial para los empleados públicos de este año -entre un 1 y un 1,5%-, el retorno a la jornada laboral de 35 horas, la recuperación de derechos sociales perdidos en la crisis y las convocatorias de oposiciones y procesos selectivos para reducir la tasa de interinidad hasta el 8% en los próximos tres años.
Las negociaciones se iniciaron en el último cuatrimestre del año pasado pero es ahora cuando se empiezan a concretar algunos aspectos, ya que hasta que el Estado no cierre un acuerdo con los sindicatos y lo apruebe en Consejo de Ministro las comunidades autónomas no lo podrán traspasar a sus respectivos territorios para los empleados públicos autonómicos.
Sin embargo, los sindicatos que no forman parte de estas negociaciones por tener solo presencia en Canarias desconfían de los efectos que puedan tener las nuevas medidas en el elevado número de empleados públicos interinos y temporales que hay en las Islas. En primer lugar creen que las pruebas que se convoquen para estos procesos de estabilización se pueden convertir en un "ERE encubierto", a juicio del secretario de Acción Sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González. En su opinión, empleados que acumulan más de 10, 15 y hasta 20 años de trabajo en la Administración de forma interina se pueden quedar en la calle ya que no se garantiza que se les consolide su plaza si los opositores procedentes del exterior obtienen mejores calificaciones porque primar la experiencia y los méritos no va a ser suficiente. González cree que de lo que se trata es de que este personal se mantenga en sus puestos de trabajo hasta que se jubile y que las pruebas selectivas se realicen para nuevas plazas.
Por otro lado, Sepca, Intersindical Canaria y Comisiones de Base (Co.bas) advierten que la Administración se enfrenta a indemnizaciones millonarias si estos empleados salen de la Administración, ya que tienen derechos por los años trabajados después de que la Justicia europea haya sentado jurisprudencia sobre el tratamiento de los empleados públicos temporales que estén más de tres años consecutivos trabajando en la Administración.
Sin embargo, los sindicatos con representación estatal rechazan el discurso alarmista de estas centrales sindicales y aseguran que se está haciendo lo posible para que los empleados públicos que llevan muchos años en la Administración sin plaza fija no pierdan sus puestos de trabajo. El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), José Ramón Barroso, advierte que se trata de un "equilibrio complicado" porque se deben resguardar los derechos de los funcionarios interinos, pero también los de aquellos que aspiran a un puesto de trabajo en la Administración. A su juicio "no se puede estar con falsedades y vender motos que no son ciertas".
Por parte del CSIF, Manuel Collado explica que existe "miedo y desinformación" y afirma que "aquí no sobra nadie", por lo que aspiran a la estabilidad de los que llevan más de tres años trabajando pero también a aumentar la plantilla perdida por la crisis para que tengan su oportunidad los aspirantes a entrar en la Función Pública.
