Los pescadores del Archipiélago anunciaron ayer que están preparando una denuncia ante la Justicia europea contra el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Isabel García Tejerina, por vulnerar las directrices comunitarias en el reparto de la cuota de capturas de atún rojo, que reserva para la flota artesanal de las Islas un exiguo 1,2104%, apenas 255 toneladas, de la cantidad asignada a España. "No tenemos otra alternativa que llevar al Ministerio ante la Justicia europea", explicó el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, que hizo hincapié en que el Gobierno central no solamente viola sus propios criterios de distribución de cuotas -económicos, históricos y medioambientales- al reducir a la mínima expresión la parte correspondiente a la Comunidad Autónoma, sino que, además, contradice también los dos reglamentos supraestatales -el 1380/2013 y el 2016/1627 de la Unión Europea- que reafirman el derecho de la flota artesanal a una parte "equitativa" del total de capturas asignado al país.
Gutiérrez dejó, con todo, la puerta abierta a una resolución política del conflicto, lo que evitaría judicializar una polémica abierta desde 2006, cuando la actividad en el Mar Mediterráneo de los arrastreros -barcos que pescan con una gran red en forma de bolsa donde quedan atrapados los animales- obligó a una reordenación de la actividad también en la zona del Atlántico que afecta a la flota canaria. Para esa solución política, Gutiérrez hizo un llamamiento a una mayor implicación de los políticos canarios, especialmente de aquellos con responsabilidades en las Cortes. En concreto, el representante de los pescadores de la región reconoció que tanto Ana Oramas, de Coalición Canaria (CC), como Pedro Quevedo, de Nueva Canarias (NC), "han hecho algo", algo que, sin embargo, "no ha sido suficiente". En este sentido, y habida cuenta de que los votos de ambos parlamentarios serían imprescindibles en una eventual votación para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, Gutiérrez confía en que sean capaces de arañar un incremento de la cuota de capturas hasta las 800 toneladas en las negociaciones con el Partido Popular (PP), 800 toneladas que son la cifra que consideran justa a tenor de las particularidades del sector en el Archipiélago.
Gutiérrez estuvo acompañado durante el anuncio de las acciones judiciales que piensan emprender en Bruselas por el profesor de Historia Económica de la Universidad de La Laguna (ULL) Álvaro Díaz, que expuso que hay ya redactados hasta tres estudios que desde distintos puntos de vista confirman el cumplimiento por parte de la flota artesanal canaria de esos criterios económicos, históricos y medioambientales sobre la base de los cuales fija el Ministerio, cuando menos en teoría, qué cuota corresponde a cada flota. Díaz ahondó en estos trabajos y detalló que la pesca digamos moderna se inicia en el Archipiélago ya en 1830, lo que justifica el carácter histórico del sector, amén de que su impacto medioambiental es considerablemente menor que el de los arrastreros, por ejemplo. "Un hombre, un anzuelo; más sostenible que eso no creo que haya nada", sentenció el presidente de la Federación Regional de Cofradías.
En cualquier caso, y a pesar de que las capturas de atún rojo en el litoral canario llegaron a suponer un volumen de entre un 20 y un 40% del total nacional, ese 1,2% asignado a los pescadores isleños, que faenan en unos 200 barcos de cuya actividad dependen alrededor de un millar de familias, queda extraordinariamente lejos del más de un 22% del que disfrutará la flota de cebo vivo del Cantábrico y el Noroeste, del prácticamente 28% de las almadrabas -entre dos barcos se extiende una red para las capturas- o del casi 30% de la flota de cerco del Mediterráneo. Todas con cuotas muy superiores a la asignada actualmente a la flota artesanal canaria. Es más, los pescadores entienden que a partir de los mismos criterios que aparecen en el borrador de la resolución que fijará el reparto anual, esto es, a pesar de no respetarse, a su juicio, los criterios medioambientales, socioeconómicos y demás como tampoco los incentivos de la reglamentación comunitaria para la pesca artesana o de reducido impacto, a las Islas "les correspondería una cuota de 564,98 toneladas", casi el doble de la estipulada.
El profesor de la ULL apuntó que la descarga en muelle de una tonelada de atún rojo genera un negocio de aproximadamente 3.000 euros, de modo que la diferencia entre las 255 toneladas que le tocan a los canarios y las 800 que reclaman es de seis millones de euros, o lo que es lo mismo: pasar de un volumen de negocio de cinco millones a otro de 11. "¿Quién se queda esos seis millones de euros? No están cumpliendo la ley, no están cumpliendo sus propios criterios económicos, históricos y medioambientales, que está acreditado que la flota canaria los reúne. Es el colmo, porque los criterios los fijan ellos y luego no los cumplen", denunció Álvaro Díaz.
Al hilo de lo anterior, Gutiérrez afirmó que este desigual reparto obedece a las "presiones" de grandes empresas con intereses en la pesca que llevaron a las autoridades a quitar cuota a la parte más débil del eslabón.
