Europa quiere poner coto a Facebook. El escándalo de la filtración masiva de datos personales procedentes de la red social por parte de Cambridge Analytica y su posterior uso en la campaña presidencial de Donald Trump ha puesto en alerta a las autoridades europeas y de países como Alemania. Pocos creen las excusas de Mark Zuckerberg, que ha tratado de capear el temporal anunciando cambios para reforzar la seguridad de los datos de los usuarios, y menos que nadie la bolsa: Facebook cerró el jueves con una pérdida de 2,66 puntos en el índice Nasdaq, el mercado que aglutina a las 100 empresas más importantes de Estados Unidos, para una pérdida total de 10,91% de su valor bursátil desde que estalló el escándalo. Traducido a términos monetarios, Facebook ha perdido en torno a 47.680 millones de euros en cuatro días. Siete mil millones más de lo que costó el rescate de todo el sector bancario español.
El castigo a la red social en el parqué explica, en gran medida, la reacción de Zuckerberg, que tras varios días de silencio colgó el miércoles (a las 19:36, hora canaria) un post en el que reconocía errores y pedía disculpas. Un escrito al que siguieron diversas entrevistas en medios estadounidenses, y que tuvo un efecto balsámico para las cuentas de la empresa: tras dos días de pérdidas, la empresa cerró el miércoles con una ligera ganancia.
Pero este efecto rebote apenas duró unas horas: lo que se tardó en comprobar que las explicaciones de Zuckerberg no convencen a una comunidad internacional que se plantea, muy seriamente, implantar medidas regulatorias sobre unas redes sociales en las que no imperan otras leyes que las del salvaje oeste.
El liderazgo en la materia parece que recaerá sobre Alemania, un país que se ha distinguido por sus esfuerzos por limitar las actitudes agresivas. El pasado mes de enero, el país germano se convirtió en el primero en legislar contra el discurso del odio en las redes, obligando a las propias empresas a regular estos contenidos. Una legislación que impone además fuertes sanciones a las empresas que incumplan su deber de regulación: si no suprimen esos contenidos en un plazo máximo de 24 horas, tras ser avisadas, las empresas pueden recibir sanciones de hasta 50 millones de euros.
Liderazgo de Alemania
Este celo se ha trasladado ahora al escándalo de la filtración de datos. Katarina Barley, ministra de Justicia alemana, ha exigido a Facebook que aclare si los datos personales de los más de treinta millones de usuarios del país están protegidos y ha convocado a su despacho a varios representantes de Facebook para que den explicaciones.
En paralelo a la reacción del Gobierno alemán, la comisaria de Justicia de la Unión Europea, Vera Jurova, ha lanzado un aviso para navegantes: a partir del mes de mayo, cuando entrará en vigor el nuevo Reglamento General sobre la Protección de Datos Personales de la UE, una práctica como la que ha derivado en el escándalo de Cambridge Analytica puede salir "muy caro" a los involucrados.
Otros países, como Israel o el Reino Unido, han iniciado investigaciones sobre el escándalo, y los británicos están decididos a impulsar medidas regulatorias, como avanzó, en una entrevista con BBC radio, el ministro de Cultura, Matt Hancock: "No debe corresponderle a una empresa decidir cuál es el equilibrio correcto entre privacidad e innovación y el uso de datos. Esas reglas las tiene que decidir la sociedad en su conjunto, y así debe establecerlas el Parlamento".
