La aerolínea Islas Airways, en proceso de liquidación, deberá reintegrar a las arcas públicas algo más de 7,5 millones -exactamente 7.502.667,93 euros- por el cobro indebido de subvenciones. Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo (TS) en un fallo en el que no solo rechaza el recurso que interpuso en su día la compañía, sino en el que, además, cierra así la vertiente administrativa de un caso que sigue abierto en la vía penal, en la que la Fiscalía ha solicitado que se imponga una pena de cuatro años de prisión al empresario Miguel Concepción por entender que el también presidente del Club Deportivo Tenerife cometió un delito continuado de estafa agravada en su etapa al frente de la aerolínea.

En abril de 2013, la Dirección General de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Fomento, determinó que Islas Airways debía devolver la millonaria cuantía por haberla percibido ilícitamente del fondo que el Estado destina para bonificar el pasaje de los residentes canarios. En concreto, esos 7,5 millones corresponden a las liquidaciones del período comprendido entre noviembre de 2007 y marzo de 2011. La decisión de Aviación Civil tuvo su origen en la denuncia que la compañía Binter, entonces competidora de Islas Airways, había elevado en 2011 a Fomento ante sus sospechas de que la empresa de Concepción podía haber incurrido en un presunto fraude relacionado con los descuentos a residentes. Islas Airways se encomendó entonces a la Justicia, que, sin embargo, no ha atendido sus argumentos ni en primera instancia ni ahora en el TS.

No en vano, el Alto Tribunal corrobora en el fallo, para el que ejerció las funciones de ponente la magistrada María Isabel Perelló Doménech, la sentencia que en marzo de 2015 dictó la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El máximo órgano judicial de la comunidad capitalina desestimó entonces el recurso que Islas Airways había interpuesto contra la resolución del Ministerio de Fomento -hoy dirigido por Íñigo de la Serna-, de modo que se dio así un primer varapalo a la estrategia de la aerolínea en los tribunales. De hecho, la sala tercera del Supremo cierra con el fallo fechado el 21 de marzo, en el que rechaza el recurso de casación de la compañía aérea contra la sentencia previa del TSJM, la vía de lo contencioso-administrativo, con lo que el caso Islas Airways queda desde ahora circunscrito a la vía penal, en la que Concepción y sus dos hijas se enfrentan a los cargos de estafa agravada o, en su defecto, de fraude en subvenciones.

Los magistrados del TS rechazan en su pronunciamiento todos los argumentos esgrimidos por la aerolínea en su recurso de casación, un recurso, cabe puntualizar, presentado en su momento por la administración concursal de la empresa, que entró en concurso voluntario de acreedores a finales de 2012. Entre los argumentos que tumba el TS está el de la caducidad del expediente de reintegro que puso en marcha Aviación Civil, una caducidad que defendió la representación de Islas Airways a raíz de los períodos de suspensión e interrupción que sufrió el proceso entre 2011 y 2013, algo que, sin embargo, no observaron los magistrados. Además, el TS confirma que lo adecuado es aplicar el procedimiento de reintegro previsto en la ley de subvenciones, lo que la compañía cuestionaba por entender que las empresas de transporte aéreo no podían calificarse de entidades colaboradoras tal como las define la normativa.

En la vertiente penal, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que se imponga una pena de cuatro años de prisión a Miguel Concepción por un presunto delito continuado de estafa agravada. La fiscal Jezabel Criado argumenta que los acusados -también las hijas del empresario- consiguieron que la compañía se embolsara algo más de 3,4 millones de euros manipulando datos sobre los descuentos a residentes.

Concepción confía en su defensa

  • Miguel Concepción se mostró ayer "respetuoso" con la resolución del Tribunal Supremo y aseguró que "seguirá" con firmeza su defensa en el ámbito de lo penal, que es donde se dilucida si hubo o no estafa o fraude en su actuación. Concepción recordó que fue la administración concursal la que elevó el recurso contra la sentencia del TSJM ante el Alto Tribunal. Además, el empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife aseguró respecto de las cantidades en litigio que la propia fiscalía ha solicitado al Ministerio de Fomento que le aclare "qué cantidad es realmente la que se considera indebida", habida cuenta de que -argumentó- la fiscal habla de una presunta estafa o presunto fraude de alrededor de solamente 3,4 millones, cuando la empresa sigue teniendo retenidos unos 4,6 millones de euros para afrontar el pago de sus responsabilidades.