La licitación pública crece, pero aún se mantiene muy por debajo de los niveles registrados antes del estallido de la crisis. Durante el ejercicio pasado, la oferta de obra civil del sector público creció un 14% respecto a 2016 al alcanzar los 332 millones de euros, una cifra que representa menos de la mitad de lo que se destinaba diez años antes, cuando se licitaron obras por 786 millones. "Lo que ha subido la licitación es irrisorio y la inversión pública sigue sin ser protagonista de la recuperación económica del sector", aseguró ayer la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP), Salud Gil. Pese a que indica que ya se registra "un movimiento", promovido, por ejemplo, por el Fondo de Desarrollo de Canarias, la iniciativa privada -a través de la rehabilitación turística y la actividad edificatoria- "sigue siendo la que dinamiza el sector".
El informe Construcción e Infraestructuras publicado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) muestra que el crecimiento del esfuerzo inversor en las Islas se sitúa veinte puntos por debajo de la media española, que marcó un alza del 34% hasta llegar a los 8.309 millones de euros.
En lo que a licitación pública de obra nueva se refiere, el Archipiélago se posicionó como la cuarta región del país en la que se registró una mayor subida anual. De los 76 millones que destinaron las administraciones públicas de las Islas a este apartado en 2016, se pasa a 155 millones en 2017. Es decir, experimenta un crecimiento del 103%. Aun así, tal y como sucedía en el caso anterior, la cuantía del pasado año queda muy lejos de la de 2007, cuando se licitaron obras por 372 millones.
Asimismo, las partidas destinadas a la rehabilitación en materia de edificación cayeron en Canarias un 26% entre 2016 y el año anterior, lo que convirtió a la comunidad en una de las dos regiones españolas en las que el esfuerzo inversor del sector público retrocedió. De 129 millones se pasa a 96, pero el descenso es aún mayor si se toma como referencia los 141 millones que destinaron las administraciones a este apartado en 2007 (-32%).
En cuanto a la actividad edificatoria en las Islas, también crece la licitación al experimentar un alza del 22% al pasar de 205 millones a 251. Pese a ello, y siguiendo la tónica de las inversiones citadas con anterioridad, supone la mitad de lo que se licitaba antes de que estallase la recesión económica. Destaca, no obstante, que Canarias es la segunda región del país que anota una menor caída en el esfuerzo inversor destinado a esta materia.
La presidenta de la patronal de empresas constructoras de la provincia oriental recuerda que justo antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público el 9 de marzo de este año se produjo una avalancha de licitaciones. Las nueva norma reduce los límites para que un contrato se considere menor y pueda, así, adjudicarse directamente. Las corporaciones, ante las dudas que les despertó la nueva normativa, agilizaron sus ofertas. "Las administraciones públicas lanzaron licitaciones a lo bestia y esto ha supuesto un problema", apunta, "porque los equipos técnicos de las empresas del sector han tenido que trabajar día y noche porque era imposible acaparar todas las licitaciones que había". A su juicio, "es una irresponsabilidad" que esas administraciones esperasen "hasta última hora".
Aun así, las expectativas de la AECP sobre obra pública "son brutales teniendo en cuenta los presupuestos estatales y de la Comunidad Autónoma". Pese a ello, Gil señala que probablemente hasta finales de este año no se liciten obras de envergadura.
La patronal nacional de las empresas de la construcción apuntó a principios de este mes que con el ritmo inversor actual se tardarían unos 136 años en realizar todas las infraestructuras necesarias en materia medioambiental así como cuatro décadas para poner fin al déficit inversor acumulado en las infraestructuras de transporte y del ciclo integral de agua.
Asimismo, Seopan estima que sería necesario multiplicar por dos la inversión actual en infraestructuras de equipamiento público -aquellas destinadas a la sanidad y educación- para recuperar en 4 años el déficit inversor acumulada entre 2011 y 2016.
