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El juez ordena la detención de Ramírez por no comparecer a una declaración

El empresario, que prevé regresar hoy a España desde Miami, entiende que la medida es desproporcionada e ilegal porque la citación se cursó irregularmente

El juez ordena la detención de Ramírez por no comparecer a una declaración

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, dictó el notificó el viernes una orden de busca y captura contra el empresario y presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez tras no comparecer a una citación para declarar como investigado en un procedimiento abierto por un presunto fraude a la Seguridad Social. Ramírez, que está de viaje de negocios en Miami, entiende en el recurso presentado que la medida es desproporcionada, contraria a derecho e ilegal porque la comunicación para que compareciera ante el tribunal se cursó irregularmente. Ante el juzgado, expone la defensa del empresario, se acreditó el día de regreso de Ramírez -tiene previsto hoy volar a España- y su voluntad manifiesta de ponerse a disposición del magistrado.

El juez citó al empresario por un presunto fraude a la Seguridad Social ligado a supuestas irregularidades en el pago de los sueldos a los trabajadores de una de las compañías de seguridad vinculadas al grupo de Ramírez. La investigación afecta al abono de retribuciones por debajo de lo fijado en el convenio marco del sector de la seguridad.

Ramírez, que está en Miami por cuestiones de trabajo, presentó ayer un recurso contra la orden de busca, captura, detención e inmediata presentación en el juzgado. En ese documento, la defensa del presidente de la UD Las Palmas expone que en caso de tener lugar la detención, se le privaría de libertad "en contra de las garantías constitucionales y legales establecidas en la ley". Los argumentos de la defensa se basan en que la citación se cursó irregularmente. Se hizo a través de un procurador, y no en persona, se argumenta, y no en su domicilio sino en la empresa Seguridad Integral Canaria.

"La sede de Seguridad Integral Canaria no es el lugar de trabajo de Miguel Ángel Ramírez, no es administrador de la sociedad ni empleado. Desde el año 2016 no tiene nómina en Seguridad Integral Canaria, luego su domicilio de trabajo no es esta empresa", se especifica en el recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto contra la orden de busca y captura.

"Manifiesta ilegalidad"

En el recurso presentado por la defensa del dueño del Grupo Ralons se incide en la "manifiesta ilegalidad" de la orden de búsqueda y captura que pesa sobre Ramírez por no haber sido citado personalmente para comparecer ante el órgano judicial.

"El Juzgado de Instrucción no solo no ha citado en forma al Sr. Ramírez, sino que ha acordado una detención por una ausencia al primer llamamiento a pesar de las explicaciones dadas por el letrado del Sr. Ramírez", sostiene su defensa en el recurso, que también denuncia "la voluntad decidida" de privar de libertad al presidente de la UD Las Palmas "como medida reactiva desproporcionada". Todo ello, se recalca, a pesar de que "se acreditó el día de regreso y la voluntad del Sr. Ramírez de ponerse a disposición del Juzgado".

La defensa explica en el recurso que se ha acordado la detención del empresario canario sin que se hubiese realizado una citación acorde con lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. "La infracción de este precepto determina que no tiene eficacia alguna la citación realizada y por tanto la incomparecencia es imputable al Juzgado", alega la defensa del propietario del Grupo Ralons. Por "la falta de prudencia", el abogado de Ramírez menciona en el recurso que el juzgado ha adoptado "una drástica medida, manifiestamente contraria a Derecho" que entendía debía "dejarse sin efecto de modo inmediato".

La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria es diferente a la ya abierta contra el empresario en el órgano judicial número 8 por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por abonar a los guardias de seguridad y vigilantes jurados de Seguridad Integral Canaria las horas extraordinarias como si fueran dietas, que tributan menos. En ese caso, la investigación al dueño del Grupo Ralons se remonta a 2014, año en el que la titular de ese juzgado, Victoria Rosell, admitió a trámite una querella presentada por la Fiscalía por un presunto delito fiscal. La Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada-USO están personadas como acusaciones particulares en esta causa.

En principio, Ramírez estuvo imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los años 2008 y 2009, pero a raíz de nuevos informes aportados por el Fisco y la Seguridad Social se amplió la querella para investigarlo por las liquidaciones de 2010, 2011, 2012 y 2013. Rosell, que pidió la excedencia voluntaria en octubre de 2015 para ser cabeza de lista de Podemos por Las Palmas en las elecciones generales del 20 de diciembre de ese mismo año, fue sustituida por el magistrado Salvador Alba. El juez impuso el 9 de diciembre una fianza solidaria de 35 millones de euros a Ramírez por el presunto fraude fiscal que posteriormente bajó a 17 millones. La jueza Carla Vallejo -que relevó a Alba tras el cese de éste el 3 de mayo de 2016- rebajó finalmente la fianza a 3,2 millones. Vallejo, además, declaró prescrito el delito contra la Hacienda Pública en 2008. Ambas decisiones fueron ratificadas en marzo del pasado ejercicio por la Audiencia de Las Palmas.

Seguridad Integral Canaria se encuentra en la actualidad en proceso concursal. La compañía optó de forma voluntaria por este procedimiento para afrontar el pago de sus trabajadores tras la reactivación de los embargos que se derivaron de la sentencia del Tribunal Supremo. La empresa y los sindicatos más representativos acordaron fraccionar los salarios que los empleados dejaron de percibir como consecuencia del descuelgue del convenio sectorial en la provincia de Las Palmas. Sin embargo, la demanda presentada por algunas agrupaciones sindicales condujo de nuevo al bloqueo de las cuentas y la sociedad recurrió a la concursal para adaptar los pagos pendientes a la liquidez de la compañía.

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