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Turismo acelera la regulación del alquiler vacacional en el Archipiélago

La consejería de Isaac Castellano lo presenta en diez días, dos meses más tarde de lo anunciado, y se baraja que entre en vigor en el plazo máximo de tres meses

Turismo acelera la regulación del alquiler vacacional en el Archipiélago

Turismo acelera la regulación del alquiler vacacional en el Archipiélago

El borrador del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias está a punto de concluirse. La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno regional trabaja contra reloj para terminar de perfilarlo durante la semana próxima con el objetivo de hacerlo público al inicio de la siguiente, cerca de dos meses más tarde de lo que se había anunciado. De la nueva norma poco ha trascendido hasta la fecha, pero es seguro que cabildos y ayuntamientos, como depositarios de las respectivas potestades para la ordenación del territorio y el urbanismo, tendrán un protagonismo fundamental.

El texto normativo bebe de la filosofía que alumbró la Ley del Suelo. Parte de la abundante casuística que se deriva del carácter archipelágico de la comunidad autónoma; cada isla posee características y circunstancias exclusivas y también los municipios en las que se dividen. Por eso se evita dictar una norma de obligado cumplimiento en toda la comunidad autónoma, si bien sí se establecerán preceptos ineludibles y comunes para todo el territorio.

A partir de estos serán las administraciones locales las que terminen de dibujar el mapa de las áreas en las que se permitirá la actividad y las obligaciones que tendrán que cumplir quienes decidan dedicar los inmuebles de su propiedad a este negocio.

El actual decreto que regula esta actividad lo aprobó el anterior Gobierno de Canarias prácticamente en tiempo de descuento, a escasas semanas de las elecciones autonómicas de 2015. Incluye la prohibición de ofertar inmuebles en las áreas consideradas eminentemente turísticas. Es decir, lamina la posibilidad de dar entrada a esta nueva actividad económica a los propietarios de inmuebles en, por ejemplo, el sur de Tenerife o Gran Canaria. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo tumbó precisamente por incluir esas zonas de exclusión, pero el recurso de casación interpuesto por el Ejecutivo regional y admitido por el Tribunal Supremo le devolvió la plena vigencia.

Tras ser presentado, el borrador tendrá que pasar el pertinente periodo de información pública, en el que se recibirán las alegaciones de todos los ciudadanos que deseen participar en el proceso. Además, el texto se remitirá a todas las administraciones implicadas, lo que, además de cabildos y ayuntamientos, incluye a otras consejerías del Gobierno canario. Se estima que en el plazo de dos o tres meses la normativa, ampliamente demandada desde todos los frentes pueda entrar en vigor.

Lo que resulta seguro es que el decreto no va a contentar a todo el mundo, ya que las posturas existentes son profundamente antagónicas. Por un lado, las asociaciones creadas en defensa de este nuevo nicho de negocio rechazan las limitaciones territoriales y acusan a la consejería que dirige Isaac Castellano de legislar en base a lo que demandan algunas patronales turísticas. Desde el otro lado y especialmente los empresarios de Tenerife, exigen al Gobierno que evite la convivencia de las dos modalidades alojativas, la tradicional y el alquiler turístico, para garantizar que la calidad del destino se mantiene intacta.

Desde la patronal de Las Palmas, su vicepresidente, Tom Smulders, se ha mostrado partidario de evitar las prohibiciones tajantes. Entiende que estas no suponen más que poner los cimientos de la ilegalidad y defiende que se acote la casuística. Todo ello siempre que se cuente con el número de inspectores necesarios para vigilar que los parámetros que el decreto establecerá sobre calidad se cumplen de manera escrupulosa. Por encima de todo lo demás, Smulders defiende un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal que dé a las comunidades de vecinos el poder de decisión sobre si la totalidad de los propietarios desean convivir o no con este negocio.

Mañana se celebran protestas en toda Europa contra la proliferación de pisos turísticos bajo el lema Las ciudades no se venden. La disminución de la oferta de alquiler residencial está elevando los precios, circunstancia que los defensores del vacacional atribuyen a una mala política de vivienda por parte de la Administración regional que, en su opinión, ha determinado la escasez de casas protegidas para los residentes.

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