El borrador de decreto que regula el alquiler vacacional no gusta en la patronal turística de Gran Canaria. Su vicepresidente, Tom Smulders, que presidió este martes la asamblea de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT, sector extrahotelero), señaló que el texto presentado el lunes por el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, constituye una "moratoria encubierta" para esta actividad y mostró su temor a que eso se traduzca en un incremento de la oferta ilegal.

El texto, que se somete en estos momentos a información pública para que ciudadanos, colectivos y administraciones presenten las alegaciones que estimen oportunas, recoge la prohibición de las viviendas vacacionales en las zonas turísticas. Con una salvedad, cabildos y ayuntamientos a la hora de diseñar la ordenación del territorio insular y la planificación urbanística, respectivamente, podrán incluir las excepciones que estimen convenientes y permitir el alquiler turístico donde consideren.

Smulders expuso que las decisiones de las administraciones locales en ese sentido pueden demorarse "hasta diez años", con lo que todas las plazas que hoy se ofertan mediante esta modalidad, ya estén hoy plenamente legalizadas o no, quedarán durante ese tiempo fuera de juego. Al respecto advirtió de que en la actualidad existe "una bolsa de 12.000 camas en desuso", que un día se comercializaron como apartamentos turísticos, "están en suelo turístico y tienen uso turístico".

A su juicio el borrador de decreto, al que la patronal presentará alegaciones desde Gran Canaria, pierde "una gran oportunidad" de asegurarse de que esos activos no pasen a la ilegalidad. En cambio, permitir las viviendas vacacionales -"en complejos donde no se estén explotando apartamentos", aclaró- generaría un cuerpo de los "más eficaces inspectores de turismo", señaló Smulders para referirse a quienes contarían con una vivienda vacacional totalmente legalizada y que no permitirían la competencia desleal de otra ilegal en la puerta de al lado.

"Prefiero legalizar lo que están funcionando de buena en lugar de fomentar la ilegalidad con prohibiciones de este tipo", argumentó el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT). A ello añadió el incremento de empleo que supondría contar con estos productos y, además, con obligación de cumplir el convenio del sector para los propietarios de los pisos destinados al alquiler vacacional.

A su juicio, el principal control de la actividad tendría que venir por la vía del bolsillo. Así se refirió al control que vía catastro pretende realizar el Ministerio de Hacienda para que quienes decidan explotar sus inmuebles en el ámbito turístico no eludan su obligación de pagar impuestos.