La espectacular transformación y crecimiento protagonizados por la economía china desde que a finales de los años 70 puso en marcha su tránsito hacia un modelo de creciente aproximación a la economía de mercado -aunque con una fortísima intervención pública y un sistema política autoritario-, y que se aceleró e intensificó a partir de que el país se incorporó en 2001 a la Organización Mundial de Comercio (OMC), supuso uno de los más arrolladores y raudos procesos de impulso económico conocidos. Desde 2010, el gigante asiático, aunque se trata aún de una economía en desarrollo, es la segunda mayor potencia económica del mundo en valor absoluto y desde 2014, la más importante en términos de paridad de poder de compra.
Tras la renuncia a su antiguo ensimismamiento e introversión, el gran salto chino hacia adelante se materializó en origen mediante un modelo de exportación masiva de productos baratos, fundamentado en costes bajos y en un tipo de cambio que le garantizaba la competitividad externa mediante un yuan débil.
A partir de 1999, la economía china emprendió una nueva fase en su vía de desarrollo, cuando las grandes compañías estatales, fortalecidas por el dominio previo de un gigantesco mercado interno de 1.300 millones de habitantes y la fastuosa capacidad exportadora del país, emprendieron, bajo el impulso de directrices políticas, una estrategia adicional de inversión exterior, con la compra creciente de fuentes de aprovisionamiento de materias primas, infraestructuras y empresas en varios continentes. Este pujante modelo inversor se intensificó y aceleró de forma muy acusada a partir de 2008, favorecido por el hundimiento del precio de los activos a causa de la crisis económica internacional. En el decenio comprendido entre 2006 y 2016 la inyección de recursos anuales por las empresas chinas en la compra de competidores extranjeros se disparó el 1.329%.
Fue en ese contexto cuando en diciembre de 2011 la compañía estatal China Three Gorges (CTG) adquirió al Estado portugués, que acababa de ser intervenido y rescatado, el 21,35% de la compañía energética pública EDP, dueña de Hidroeléctrica del Cantábrico, cuarta eléctrica española. CTG, que se convirtió en el principal accionista, pagó 2.693 millones de euros al Gobierno, realizó otras aportaciones millonarias adicionales a EDP para comprarle activos y reducir su deuda, y amplió su posición accionarial en la compañía lisboeta hasta el actual 23,27%. Pekín controla otro 4,98% de EDP a través de la también compañía estatal china CNIC, y CTG acaba de anunciar una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% de EDP (condicionada al control de al menos el 50%), para lo que está dispuesta a invertir más de 9.000 millones.
La ofensiva internacional china, con la inversión masiva de recursos en el control de empresas, materias primas e infraestructuras en el extranjero (caso de la toma de control en 2016 del puerto griego de El Pireo por Cosco) obedece a profundas causas económicas, monetarias, empresariales y políticas.
China, hoy tipificada aún como una potencia parcial, aspira a ejercer un liderazgo global, proporcional a su dimensión, a su potencial y a su contribución a la economía mundial: durante la crisis aportó un tercio del crecimiento global y hoy genera el 15% de la producción del planeta (sólo superada por EE UU y la UE) con el 19% de la población. En 1978, antes de que emprendiera la apertura y las reformas del modelo comunista, aportaba el 5% del PIB global con el 20% de los habitantes.
La creciente implantación y tomas de control por compañías chinas en diversos continentes constituye así una operación con visión estratégica y de Estado para proyectar el liderazgo futuro al que aspira Pekín. Se trata además de una vía capital para la transformación necesaria del modelo económico chino, en la que ya está inmerso el país, y para reducir su elevada exposición al riesgo soberano de algunos estados, fundamentalmente de EE UU.
El gran banquero
El patrón de crecimiento del gigante asiático que permitió su resurgir desde 1979 como gran actor mundial se fundamentó en un modelo de elevados superávits externos generados por su fabulosa capacidad exportadora. Esta doctrina se basaba en costes bajos y en un yuan débil. Y para sostener un tipo de cambio que favoreciera la competitividad externa, China se convirtió en un gigantesco inversor de excedentes mediante la compra de activos denominados en otras monedas, fundamentalmente el dólar, para fortalecer estas divisas y abaratar la propia. Con ello cumplía además un imperativo inexcusable: para cumplir la exigencia imperiosa del equilibrio en la balanza de pagos, los países con déficit exterior precisan importar ahorro y las economías con elevados superávits por cuenta corriente necesitan colocar sus excedentes en el exterior.
Esto llevó a China a erigirse en el gran banquero mundial, acumular las mayores reservas de divisas del planeta (en marzo ascendían a 3,14 billones de dólares, equivalentes al 28% del PIB nacional) y a ser el mayor tenedor mundial de deuda pública de EE UU (posee el 18,7% de los bonos del Tesoro norteamericano en circulación), lo que convierte a Pekín en el mayor acreedor de Washington. China, que lleva tiempo ejerciendo como el gran financiador de los déficits públicos y externo de EE UU, ha asumido una elevada exposición al riesgo soberano y monetario de EE UU: el 35% de sus reservas de divisas extranjeras (1,099 billones) están en dólares y atesora 1,19 billones en bonos norteamericanos.
Estrategia de inversión
Con la intensificación de sus inversiones en la economía real (las compañías chinas controlan empresas en una treintena de países) diversifica el riesgo-país y amplía el abanico de sus opciones inversoras, reduciendo su elevada concentración en activos financieros y monetarios.
La estrategia de inversión en empresas extranjeras contribuye a su vez a poner las bases del nuevo patrón de crecimiento hacia el que está evolucionando el país. Tras cuatro décadas de fortísimo crecimiento, el modelo de gran fábrica mundial de productos baratos con bajos costes ya no es sostenible ni por factores internos (demandas salariales crecientes y aspiraciones consumistas de la población) ni por la competencia internacional, que está forzando un creciente desplazamiento de fases productivas desde China a países con menor nivel de desarrollo y menores costes, como Vietnam, Myanmar (antigua Birmania), Camboya, Laos y otros.
El patrón de desarrollo chino ha alcanzado un nivel de madurez y de incipiente agotamiento: los crecimientos de doble dígito se han moderado, como cabía esperar a medida que el país prospera, aun cuando todavía mantiene tasas del 6%; y los superávits por cuenta corriente (del 10% sobre PIB aún en 2008) se han ido reduciendo y en el pasado trimestre la economía china registró déficit por cuenta corriente por vez primera en casi dos décadas.
El yuan (lejos de lo que dice el presidente norteamericano, Donald Trump) lleva años en una tendencia apreciadora, aunque controlada, lo que se corresponde con la progresión del país y de su economía, y también con el objetivo político de las autoridades de ejercer como potencia y de que su moneda, en correspondencia con ello, sea considerada como divisa de reserva internacional, lo que propende a su fortalecimiento.
El esfuerzo diplomático que desplegó China hasta lograr la incorporación del yuan en 2016 a la cesta de monedas que conforman los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) evidencia que la apuesta China ya no pasa por una moneda débil sino cada vez más ajustada en valor.
La entrada del yuan en los DEG acrecienta la credibilidad internacional de la moneda y su aceptación, y facilita que las transacciones entre el yuan y otras monedas puedan ser directas y no a través del dólar. Con esto y con la gradual apreciación de la moneda, China favoreció la inversión creciente de sus empresas en el exterior porque ambos factores abaratan tanto las inversiones externas como los costes operacionales vinculados.
La compra de compañías en el extranjero se integra así en unas nuevas coordenadas económicas para China, que pretende transitar desde un modelo intensivo en mano de obra, inversión en sectores básicos e industria pesada, y fundamentado en bajos salarios y precios, hacia un patrón basado en la potenciación del consumo, los servicios y las exportaciones con valor añadido y con contenido tecnológico, capaces de absorber costes mayores, y más propias de una economía avanzada.
La adquisición de empresas extranjeras punteras en sus respectivos ámbitos de negocio se erigió en una opción central en esta nueva vía de crecimiento porque permite a China y a sus grandes compañías públicas hacerse, a golpe de talonario, con mercados, marcas, conocimiento, procesos, profesionales y tecnología en los más variados sectores y acelerar con ello el ascenso del país hacia un modelo avanzado y puntero de desarrollo económico sin pasar por las fases evolutivas de una progresión fundamentada sólo en factores endógenos, que necesariamente sería más lenta.
Proteccionismo
Esta ofensiva, que se apoya también en planes de proyección global como la nueva Ruta de la Seda (el establecimiento de corredores marítimos y ferroviarios que conecten mejor a China con el resto del mundo), está generando nuevos riesgos para el país, como el proteccionismo, las cautelas internacionales (caso de la UE) por el dominio chino de sectores considerados vitales como la energía, y un agudizamiento del ya elevadísimo endeudamiento de las grandes corporaciones chinas. La deuda, tanto pública como privada, remontó en el país del 100% del PIB en 1994 al 256,4% en 2017, un volumen de débitos que constituye uno de los más importantes riesgos sistémicos que afronta hoy la economía mundial.
A ello ha contribuido una inversión en adquisición de empresas extranjeras que hasta 2013 rondaba los 50.000 millones de euros anuales y que en 2016 se disparó a más de 220.000 millones. Las autoridades de Pekín, alarmadas por esta espiral, impusieron en 2017 la exigencia de criterios más restrictivos y, con datos hasta mediados del año pasado, lograron enfriar la vorágine compradora de las corporaciones chinas, situándola en una cifra aún muy elevada (43.000 millones en seis meses) pero el 65% menor que en igual periodo de 2016.
Pekín teme que esta descomunal expansión inversora internacional repita el error de Japón cuando, tras los acuerdos del Hotel Plaza de 1985 y la consiguiente apreciación del yen, sus exportaciones se vieron penalizadas, pero sus empresas, alentadas por la fortaleza de la moneda, entraron en una vertiginosa carrera de inversiones y adquisiciones en el exterior. La vorágine terminó de forma abrupta cuando el endeudamiento, favorecido a su vez por la bajada de tipos de interés para contener la remontada del yen, generó una crisis inmobiliaria y de deuda en 1990 de la que Japón aún no se ha restablecido.
