¿Va a frenar el decreto del que acaban de presentar el borrador el alquiler vacacional ilegal?
Evidentemente una sola norma no es suficiente. En reiteradas ocasiones he manifestado la necesidad de establecer un marco normativo adecuado a la realidad que encontramos en Canarias y, además, contar con los medios adecuados para que se cumpla. El borrador incorpora elementos importantes para que así sea.
¿Por ejemplo?
La responsabilidad de las plataformas que ponen a disposición de los turistas las viviendas vacacionales. Cuando se apruebe el decreto, estarán obligadas a mostrar el número de registro para poder comprobar que el inmueble ofertado está en situación regular. Si comprobamos que no es así, podremos exigir a dichas plataformas la retirada de esa oferta. Por otro lado, estamos trabajando paralelamente en un plan de inspección que nos permita contar con más recursos para luchar contra la oferta fraudulenta y hacer un uso más eficiente de aquellos con los que ya contamos, por ejemplo en gestión de la información.
Más allá de la exigencia a la plataforma, ¿qué pueden hacer? Esas empresas, en su mayoría, no están radicadas en España.
La inspección presencial. Exigimos la retirada a la plataforma, pero iremos, por supuesto, a la vivienda y quienes están en ella no podrán escudarse en la propiedad privada para impedir el paso. Esta labor debe contribuir a la lucha contra la oferta irregular. Las líneas de actuación son varias y paralelas por lo que le decía al principio de que una normativa no sería efectiva sin los medios precisos para que se cumpla. Más allá de que contamos, por supuesto, con la propia responsabilidad de la sociedad, pero no vamos a confiar todo a este elemento.
Dice que tiene un plan para mejorar la labor de inspección. ¿En qué consiste?
Los detalles los daremos en el futuro porque ahora mismo está en fase de diseño, pero es una línea de trabajo que ya tenemos en fase de desarrollo.
¿Cuentan hoy con los elementos suficientes para mantener una labor inspectora eficiente?
Soy consciente de que tenemos margen de mejora. Tenemos que hacer un esfuerzo importante. Es cierto que existen ciertas limitaciones en el ámbito presupuestario y dificultades para la contratación de personal que pueda realizar determinadas funciones, pero con los recursos de que disponemos hoy entendemos que se pueden abordar esa serie de mejoras en las que estamos trabajando.
¿Cuántos inspectores tienen ahora mismo en las Islas?
Catorce.
¿Dedicados solo a la inspección de viviendas vacacionales?
No, vigilan el cumplimiento de la legislación en todo el ámbito de la actividad turística.
¿Tiene base el temor de los extrahoteleros grancanarios de que pasen a la ilegalidad parte de las 12.000 camas que han salido del mercado?
Lo único que tienen que hacer estos apartamentos para dedicarse a la actividad turística es revertir su situación y volver a convertirse en lo que fueron. Es lo que contemplamos, si bien es cierto que el propio decreto establece que cabildos y ayuntamientos pueden establecer excepciones. Desde luego nuestra posición pasa por que los propietarios que están haciendo un uso residencial de esos apartamentos tienen la posibilidad de revertirla dentro de una unidad de explotación como hicieron antes.
Cabildos y ayuntamientos tienen esa última palabra, pero tardan la intemerata en cambiar sus planeamientos. Incluso hay empresarios que atendiendo a esos largos plazos han calificado este borrador como una moratoria encubierta.
No se plantea en esos términos. Fijamos un marco general atendiendo al análisis que hemos realizado. Por ejemplo, la prohibición de viviendas vacacionales en suelos residenciales -los únicos en los que puede haberlas, porque son un uso complementario del residencial- de zonas turísticas obedece a que los empleados que desarrollan su labor en el ámbito de la actividad alojativa tienen dificultades para encontrar vivienda donde trabajan, con lo que sufren problemas de precarización, se ven obligados a vivir a muchísima distancia. Sin embargo, somos plenamente conscientes de que ese marco general no tiene por qué responder a la realidad de cada isla, de cada municipio y, dentro de estos, me atrevería decir que ni a la de determinados espacios. Lo que establecemos es que los cabildos y ayuntamientos puedan dotarse de un traje a medida que se adapte a las especificidades de cada entorno. Las administraciones insulares y locales son parte de la solución y tienen una responsabilidad en planificación territorial y ordenamiento urbanístico.
Insisto en que ya algunos ayuntamientos han advertido de lo que tardarían en cambiar sus planes de ordenación.
La Ley del Suelo contempla esta circunstancia en su artículo 154. Tanto es así que a través de ordenanzas, mucho más fáciles de elaborar que los planes de ordenación, los ayuntamientos podrían establecer las medidas que consideren oportunas por el interés social siempre estableciendo un plazo de dos años para la reforma de su planificación. Tienen instrumentos para actuar de manera inmediata por esta vía y luego adaptar sus planes. No lo planteamos como una moratoria.
¿Se ha dirigido a usted algún cabildo o ayuntamiento quejándose o felicitándole por dejar en sus manos la solución final?
Para elaborar este borrador escuchamos a todas las partes y nos reunimos con representantes de los cabildos. Es cierto que ha habido manifestaciones públicas en todos los sentidos, pero entendemos que un responsable público ha de ser consciente de cuáles son sus competencias y no debe rehusar cuando toca ejercerlas. Nos queremos dotar de una reglamentación flexible y que se adapte a entornos más reducidos. Establecer los criterios solo en base a los tipos de suelo resultaría completamente insuficiente, porque en una misma tipología de suelo en Canarias se pueden dar realidad diferentes y solo mediante la implicación de cabildos y ayuntamientos podemos acceder a esa flexibilidad. Espero que las administraciones locales e insulares, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, sean parte de una solución que compete a toda la Administración en conjunto. Desde el inicio del proceso, siempre he dicho que una solución integral a este gran reto, que ofrece muchísimas oportunidades de acceso a las rentas que genera el turismo pero también riesgos, pasa por que nos impliquemos todos los niveles de la Administración, también el Estado, que tiene importantes competencias en torno a este asunto como es la Ley de Propiedad Horizontal, que determina cómo se toman decisiones dentro de una comunidad de vecinos.
¿Teme que este decreto llegue a judicializarse con éxito como el anterior?
Confiamos en que este reglamento cumple la legalidad, por lo tanto no tenemos esa preocupación más allá de los planteamientos que puedan realizar los diferentes agentes sociales a los que afecte esta normativa.
¿Les ha dictado el borrador la patronal turística de Tenerife, Ashotel?
Es un error reducir a una discusión entre patronales hoteleras el debate sobre un tema que afecta a tantos ámbitos de la sociedad: social, cultural, económico... Hacerlo significa ignorar gran parte del fenómeno. A lo largo de este proceso hemos escuchado a todas las partes, pero solo respondemos al interés general, que es el que nos guía. Hemos querido garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles y dignas de la población residente, siendo conscientes de que el problema de la vivienda no puede abordarse exclusivamente desde el ámbito turístico. Además, debemos ser capaces de guiar el desarrollo turístico por la senda de la calidad y la sostenibilidad y eso pasa por evitar un crecimiento desordenado.
¿Será más fácil encontrar una vivienda en régimen de alquiler para residir con este decreto?
Lo que sí permitirá es que donde la presión es importante se puedan establecer medidas en dos direcciones. Por un lado, se podrá prohibir el alquiler turístico y, por otro, fijar estándares de implantación para alcanzar una proporción entre vacacionales y residenciales en función de criterios de sostenibilidad y de interés social.
¿Le sorprende el cambio de opinión de la patronal en Gran Canaria con respecto al inicio de la aparición de este fenómeno?
Más que valorar las declaraciones siempre sostengo que es legítima la defensa de los intereses que hace cada patronal. Hemos escuchado a todos. Pero más allá, sí tengo que decir que el modelo que ponemos sobre la mesa en este borrador de decreto establece fórmulas para, precisamente, fijar una solución en cada isla. Plantear un conflicto en términos de insularismo es un error, porque precisamente la normativa que tramitamos da esa libertad. Soy consciente de que es un fenómeno complejo y conciliar intereses que en buena medida son contrapuestos es imposible, lo único que cabe es guiarse por el interés general.
¿Tiene alguna intuición sobre el cambio de postura?
Prefiero no valorar las contradicciones o cambio de posicionamiento de algunas patronales. La voluntad del Gobierno es la de establecer siempre un diálogo constructivo, con independencia de las discrepancias que podamos mantener.
¿Podemos perder o ganar turistas por este decreto?
Apostamos a medio y largo plazo por la sostenibilidad del sector, que es también una apuesta por la competitividad. Eso es lo que garantiza el futuro de nuestra principal industria. No tememos, ni mucho menos, que cause un perjuicio a la principal actividad económica de Canarias.
El presidente Fernando Clavijo se comprometió en su discurso de investidura a revisar el decreto de 2015. ¿Por qué han tardado casi tres años?
Tenemos un decreto vigente y queríamos mejorarlo. Desde que asumí la consejería, se estableció un proceso de reflexión y diálogo, ya que el objetivo no era terminar el trabajo rápido, sino hacerlo de la mejor manera posible. Esa ha sido nuestra línea y ha llevado el tiempo necesario para permitirnos un análisis basado en la experiencia y evolución del decreto de 2015. Nos ha aportado una información interesante sobre los aspectos que había que modificar.
¿Diría que es más o menos restrictivo que el anterior? ¿Y cómo queda la comparación con otras comunidades autónomas?
Hemos analizado la normativa que existía en otros lugares sin el ánimo de copiar ninguna, porque sabemos que la realidad de Canarias es completamente diferente a la de otros territorios. No me atrevería a valorar si el grado de restricción es mayor o menor porque depende de elementos muy subjetivos. Desde luego creo que es una regulación que establecemos en base a nuestras propias competencias, porque es cierto que nuestra capacidad de acción es limitada para llegar a aspectos que también inciden en el alquiler vacacional.
¿Por qué han llevado la elaboración tan en secreto?
A lo largo de estos meses hemos tenido reuniones en las que indicábamos las orientaciones y principios rectores con los que estábamos caminando. Nos pareció más interesante trabajar en un primer momento sobre ideas en lugar de hacerlo con un documento cerrado y después, tras haber realizado las reflexiones oportunas, proceder a la redacción del borrador. Es el punto en el que estamos ahora y se someterá a exposición pública para que se realicen las alegaciones que se estimen pertinentes.
¿Pero por qué lo conocían tan pocas personas? ¿Qué perseguían con eso?
Establecimos un proceso que evitaba excesivas especulaciones, que a veces tienen un efecto perjudicial que también había que evitar.
¿Cuándo se somete a exposición pública?
Se ha entregado a los servicios jurídicos y no puedo establecer el calendario de forma precisa porque depende del trabajo que se realice por parte de los diferentes departamentos.
¿Teme un aluvión de alegaciones?
Soy consciente de que es un asunto en el que existen mucho intereses encontrados. Sí le aseguro que vamos a analizar con ánimo constructivo las que se realicen. Las que entendamos que pueden enriquecer el documento se recogerán. No nos planteamos ahora mismo cuántas pueden llegar.
