La pobreza energética, eso es, la incapacidad o dificultad de los hogares para acceder a los servicios energéticos esenciales para asegurarse unas condiciones de vida dignas a un precio justo atendiendo a sus niveles de ingresos, afecta al 11,4% de los hogares canarios. Es una de las principales conclusiones del estudio La pobreza energética en Canarias, encargado por el Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna (ULL)y que fue presentado ayer por el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias, Santiago Rodríguez, y el catedrático de Análisis Económico y coordinador del trabajo, Francisco Javier Ramos.
El estudio trata, entre otros objetivos, de "identificar los hogares más vulnerables a la pobreza energética", según indicó Ramos. Así apunta como factores de riesgo que el sustentador económico principal del hogar tenga estudios inferiores a la Enseñanza Secundaria, esté parado o sean estudiantes, además de aquellos con altas cargas hipotecarias y con un alto número de hijos dependientes. Además, la pobreza energética afecta de manera más especial al grupo de edad entre los 40 y 50 años.
Con todo, la probabilidad de ser pobre energético en Canarias es menor que en el resto del territorio nacional (un 12,4% de la población), pese a que el Archipiélago presenta una de las mayores tasas de pobreza del país (32,7%), debido a la climatología de las Islas, que hace menos necesario el uso de calefacción o aire acondicionado y ello reduce el gasto energético. Con todo, el hecho de que Canarias presente "una de las calidades de construcción más pobres de España", según apuntó Santiago Rodríguez, hace menos significativo ese dato. Ramos destaca, en ese sentido, que el estudio pone de manifiesto que "las diferencias en las tasas de pobreza energética con respecto al resto del país se han reducido", debido al mayor impacto de la crisis económica en las Islas. Es más, ha aumentado desde 2006 un 590%. hace diaz año la imposibilidad de pagar la factura de la electricidad alcanzaba en las Islas solo al 1,6% de la población.
Teniendo en cuenta las conclusiones que arroja el estudio, el grupo responsable del mismo -elaborado a través de una muestra de 432 encuestas- formula una serie de recomendaciones que incluyen la redacción de una estrategia integral que incluya tanto a la industria como a la Administración; la extensión del bono social a otras formas de energía además de la eléctrica; la mejora en la construcción de edificios y en el aislamiento térmico o medidas de sensibilización y educación ciudadana con respecto al uso de la energía, entre otros.
Bono social
Otra de las medidas paliativas pasa por facilitar el conocimiento y el acceso al bono social, un descuento en la factura de la luz regulado por el Gobierno central y del que se benefician actualmente en Canarias un total de 104.359 personas; un número que se incrementará notablemente dado que "se han ampliado los kilowatios a partir de los cuales la vivienda puede acogerse, pasando de 3 a 10", señaló Santiago Rodríguez.
El comisionado reconoce, no obstante, la necesidad de "una campaña informativa", dado que "no se benefician del bono social todos los que necesitan estas ayudas". Teniendo esta posibilidad a manos, subrayó, no es posible que "ningún ciudadano, por tener dificultades económicas, sufra un corte de energía".
Además, Rodríguez anunció el encargo al Instituto de Estadística de Canarias (Istac) de un estudio sobre condiciones de vida de los hogares, con casi 2.000 encuestas que comenzarán a realizarse en torno al mes de septiembre y que arrojará datos por islas, comarcas y municipios. El objetivo sería contar con las conclusiones de esa encuesta a comienzos de 2019.
