Además del paro o la caída de los ingresos fiscales, entre otros, la crisis también tuvo un notable efecto en la parte más económica de la convivencia. El incremento de la morosidad llevó la suma de los impagos soportados por las comunidades de vecinos canarias hasta el máximo histórico de los 95 millones de euros en 2015. A partir de entonces, el problema comenzó a remitir y, con la del pasado año (-2,94%), la mejoría en las Islas se extiende ya a dos ejercicios consecutivos, si bien solo las de Baleares y La Rioja fueron menos intensas.
El estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España sitúa en 85 millones de euros la cantidad que adeudaban a las comunidades de vecinos del Archipiélago sus integrantes morosos al terminar 2017. Los recibos pendientes sumaban entonces tres millones de euros menos que doce meses antes. Despacio en comparación con la media estatal (-3,88%), pero lo cierto es que la factura se va saldando.
La situación económica mejora y, debate sobre la cuantía de los salarios aparte, cada vez son más los ciudadanos que hallan una oportunidad laboral. De ese modo, pierde vigor en el grupo de deudores la presencia de quienes perdieron su empleo y se vieron obligados a establecer un orden de prioridades en sus economías domésticas. "Es fácil entender que lo primero es comer", señala sobre el duro contexto social de hace unos años Marcos Santana, gerente de Ecotres Administración de Fincas.
En ese caso se impone la ética profesional por la que se rige la mayoría de estas empresas. Además, con espíritu práctico, "porque nada sacas de judicializar una deuda que mantiene con la comunidad de vecinos alguien que realmente no puede pagar". Así lo sostiene Natalia Manchado, responsable de Leman Fincas, que tiene claro que en casos de estas características la mejor opción es llegar a acuerdos de carácter extrajudicial.
El 95%, de acuerdo
Manchado asegura que en el 95% de las ocasiones tanto los deudores como los colectivos vecinales aceptan esta fórmula que a los primeros les permite desprenderse de una indeseada etiqueta y a los segundos tener constancia de que existe un plan mediante el que podrán recuperar esos ingresos que quedaron pendientes. "A la comunidad lo que le interesa es cobrar, no meter a nadie en el juzgado", asevera la responsable de Leman.
Retornando a las cifras, en las Islas, a pesar del recorte de la deuda del 10,5% logrado desde el máximo de 2015, el montante total de los impagos supera en 14 millones de euros el registrado en 2013. Queda camino por recorrer. Entre 2016 y 2017 fue la provincia de Santa Cruz de Tenerife la que más logró reducir los impagos, dos millones de euros (-4,8%), hasta dejarla en los 41 millones. Las Palmas, que suma una deuda total de 46 millones de euros, la recortó en un millón el pasado año (-2,12%).
En esa tarea de ponerse al día, los deudores asturianos fueron los que más se aplicaron, con una reducción de la deuda del 5,27%. Fue la única comunidad autónoma capaz de superar los cinco puntos. Tras ella y mejorando la media estatal del 3,88% se situaron Aragón (-4,71%), Galicia (-4,37%), Cantabria (-4,24%), Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, ambas con un 4,21%; País Vasco (-4,20%) y Extremadura (-4,10%). Por debajo del comportamiento medio del país, además del Archipiélago, Baleares (-2,79%) y La Rioja (-2,78%), estuvieron Castilla y León (-3,85%), Andalucía (-3,83%), Murcia (-3,66%), Madrid (-3,31%) y Navarra (-3,19%).
El análisis de la situación también hace un hueco a comportamientos inexplicables que los administradores de fincas se encuentran en el desarrollo de su labor diaria. Es el caso de quienes directamente se niegan a pagar aun disponiendo de fondos para hacerlo. En el origen de esa actitud abundan los desacuerdos con alguna de las decisiones que adopta la junta de vecinos.
"En estos casos no suele quedar otro remedio que judicializar el asunto", explica Natalia Manchado. La resolución de los tribunales hace cambiar de postura a este perfil de moroso. "A veces, nos encontramos con casos carentes de sentido", continúa la responsable de Leman Fincas para referirse a incrementos de la deuda inicial tras el paso por la Justicia. De tal manera que si se debía un total de 1.000 euros, por ejemplo, acaban por ser 1.500 y entonces sucede que quien antes se negaba a satisfacer las cuotas paga de inmediato.
El recargo de la deuda inicial se produce porque el moroso debe afrontar los costes de abogado, procurador -ambos necesarios cuando el montante supera los 2.000 euros- intereses de demora y hasta de los burofax que se le envían.
Las comunidades de propietarios tienen capacidad para acordar en junta el establecimiento de recargos por impagos superiores o inferiores al interés legal del momento. Los porcentajes oscilan entre el 5% y el 20%, "por encima de eso, los jueces estiman que existe usura", aclara Manchado.
