Un complemento, integrado en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, que permita cobrar, en todo el Archipiélago, una pensión mínima de 1.080 euros. Así de clara y contundente es la solicitud que presentó ayer, con 5.000 firmas, la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria. Luciendo camisetas amarillas bajo el lema Que no te roben la pensión ¡lucha! y sosteniendo pancartas con el mismo mensaje, los pensionistas de las Islas alzaron su voz, una vez más, para exigir unas pagas justas, dignas y revisables anualmente.
Según el texto presentado, el Ejecutivo regional "no puede seguir dependiendo en todo del Estado español en materia de pensiones, ya que ello supondría perpetuar la situación de los y las pensionistas pobres de Canarias". Por este motivo, la Plataforma aboga porque el Ejecutivo regional se responsabilice y cree "un sistema propio de Protección y Seguridad Social, cuyo diferencial con la pensión mínima del Estado español podría ser financiado a través del Régimen Económico y Fiscal (REF)". "Ya que el Gobierno se llena tanto la boca con el REF, que incluyan las pensiones", manifestó durante la concentración José Araña, integrante de la Plataforma, mientras sostenía una de las pancartas. Y añadió que "si Navarra lo aprobó, ¿por qué no podemos hacer lo mismo en Canarias?". Araña se refería al "impuesto negativo" que puso en marcha la comunidad foral norteña, y que permite a la Hacienda Tributaria de Navarra pagar, a través de la declaración de la Renta, a 13.185 pensionistas con una jubilación de baja cuantía, una media de 663 euros anuales.
Por otro lado, la Plataforma exige la derogación de las dos reformas laborales, la de 2010, del PSOE, y la de 2012, del PP, pues entiende que ambas tienen "consecuencias nefastas para la calidad del empleo y ponen en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones". También demandan la supresión de la reforma de las pensiones, de 2013, que regula el factor de sostenibilidad, que disminuye la cuantía a percibir, y del Índice de revalorización de las pensiones, que desvinculó las pagas de los valores del IPC.
Blas Padilla, portavoz de la Plataforma, recordó que "la pensión media en Canarias está en 860,8 euros, una de las más bajas del país", y que tiene a numerosas personas "en la pobreza o pobreza extrema". "El retroceso en derechos está siendo alarmante", apunta Nerea Rodríguez, quien a pesar de tener 37 años, se encontraba ayer apoyando la entrega de firmas porque considera que se trata de un colectivo vulnerable, con 314.665 pensionistas, "que no se puede dejar de atender" y que, además, "está haciendo un movimiento importante y valiente".
Nicasio Torres, también presente en la concentración, apuntó a que la Plataforma no quiere "un Gobierno de beneficencias sino de un Estado de Derecho".
Tras la entrega de las 5.000 firmas tuvo lugar una improvisada reunión entre el vicepresidente del Ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, y Blas Padilla y Vicente Quintana, integrantes de la Plataforma, en la que Rodríguez se comprometió a seguir "solicitando al nuevo Ejecutivo que dé una solución a este reto social". También se acordó la creación de una comisión de trabajo que incorporará unidades técnicas de varias Consejerías y que tendrá el objetivo de establecer las líneas de acción en materia de pensiones en Canarias.
