Ni un gramo de pienso subvencionado por Europa en los almacenes de Gran Canaria y que obliga a los ganadores a comprar a las pocas empresas que han acaparado la totalidad de estos productos. Una situación que denunció ayer el consejero de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, en pleno ordinario de la corporación.
Hidalgo, quien describió en su intervención una situación extrema para los ganaderos por culpa de "un grupo muy pequeño de operadores", propuso a los grupos la aprobación de una propuesta para instar al Gobierno de Canarias a que abra un expediente a los operadores que han realizado el acaparamiento "para que expliquen su conducta, que de no ajustarse a la finalidad y normativa del REA deberán tener las consecuencias administrativas oportunas". También que se establezcan controles para estos operadores para verificar que el dinero del REA repercute en una bajada de precios y no, como denuncian los ganaderos, de un incremento de estos.
El escenario descrito por el consejero insular aporta cifras contundentes: en solo cinco meses -enero a mayo de este año- estas empresas han adquirido los 220 millones de kilos de cereales (millo, avena o cebada, entre otros) y soja del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), además de los 86 millones de kilos de alfalfa y de paja para todo 2018.
A la propuesta del gobierno insular se añadió el PP con una petición para que el Estado, por medio de Aduanas, controle estos productos desde que lleguen a Gran Canaria. El acuerdo se adoptó por unanimidad.
