Con más de 2,1 millones de habitantes, a Canarias le corresponde una inversión estatal equiparable al porcentaje que representa su peso poblacional en el conjunto de España: es decir el 4,8%. Sin embargo, la inversión que ha recibido a lo largo de las últimas décadas se ha aplicado ajustada a este criterio en cortos periodos de tiempo, pese a que el propio REF fijó la regla de que la inversión del Estado en las Islas no podía ser en ningún caso inferior a la media del Estado.
Los convenios suscritos con el Estado en infraestructuras viarias o turísticas, obras hidráulicas y otras inversiones en Costas, sí llegaron a situar la inversión estatal en el 4%, acercándose al porcentaje de población que representaba entonces (4,5%). Ello supuso para las Islas una inyección pública de entorno a 500 millones de euros anuales, si se incluye el plan de formación y empleo pactado.
Pero Canarias protagonizó entre mediados de los 90 y del 2000 el mayor crecimiento poblacional de España, llegando a duplicar la media nacional y pasando de 1,6 millones de habitantes en 1994 a los dos millones una década después. Pero ese incremento población no se tradujo a su vez en un aumento de las inversiones, que quedaron de nuevo durante años por debajo de lo que correspondía realmente al Archipiélago.
El mazazo fue aún mayor a consecuencia de la crisis. La política de recortes que se aplicó a partir de 2013 redujo aún más la proporción de inversiones por habitante, que volvió a situarse en apenas el 2%. Desaparecieron del todo algunas partidas destinadas a los planes de infraestructuras o al empleo y la formación, mientras las restantes (sobre todo carreteras) mermaron de manera considerable. En estos tiempos de crisis y recortes, el Estado mantuvo sin embargo inversiones "ineficientes e inviables" y "por consideraciones políticas", según acaba de denunciar el Tribunal de Cuentas Europeo, en los trenes de alta velocidad y en regiones como Galicia o Madrid-León.
La 'agenda canaria'
La denominada agenda canaria ha supuesto acercar de nuevo el porcentaje de inversión pública a la regla poblacional, pero se sitúa aún sobre el 3%, alejado por tanto en más de un punto de lo que corresponde a las Islas. Se logró gracias a las negociaciones que mantuvo el Gobierno del PP con CC y NC para los presupuestos estatales de 2017 y 2018. Los votos 175 y 176 pesaron por tanto lo suficiente para obligar al Estado a reinvertir en las Islas, tras años de freno a proyectos ya comprometidos en carreteras y otras infraestructuras públicas. Pero los nacionalistas no lograron sin embargo explicar ante el Congreso que los canarios, a diferencia de los vascos, no estaban logrando privilegios inversores a cambio del garantizar la estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy permitiéndole aprobar los presupuestos. Estaban, tan solo, recuperando un déficit inversor que aún hoy no llega a la cantidad que le corresponde de acuerdo al principio establecido en su Régimen Económico y Fiscal.
