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El Consejo de Estado bendice el polémico real decreto del Ministerio

El órgano consultivo entiende que la supresión del término "tarifa bonificable" es suficiente para asegurar la rebaja sobre el precio real

El Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno central, se sumó en la tarde de ayer a la controversia a la que ha dado lugar el real decreto que regulará las subvenciones al desplazamiento de los canarios, baleares, ceutíes y melillenses al territorio peninsular con un dictamen que, en esencia, bendice el texto redactado por el Ministerio de Fomento. De hecho, el órgano que preside la exvicepresidenta del Ejecutivo estatal María Teresa Fernández de la Vega concluye que la segunda versión del real decreto -la que Fomento envió a las instituciones de la Comunidad Autónoma en la tarde del martes- es garantía suficiente de que el descuento del 75% en el coste de los billetes de avión y barco para viajar a la Península se aplicará efectivamente en el coste real.

Así pues, y de una parte, el Gobierno de las Islas considera que la mera supresión del término "tarifa bonificable" no garantiza por sí sola que en el futuro el ministro de Fomento de turno no pueda fijar un límite subvencionable. De ahí que insista en la necesidad de poner negro sobre blanco el concepto de "tarifa del servicio regular", tal como consta en la ley de Presupuestos Generales de 2018. Sin embargo, y de otra parte, el Consejo de Estado defiende que la eliminación del polémico concepto -tarifa bonificable- deja claro que el descuento "opera sobre la tarifa de los servicios regulares en los términos definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, y no sobre una eventual noción de 'tarifa bonificable' que fue empleada en el primer texto del proyecto [el que ya ha rechazado el Parlamento de Canarias] y desechada en el sometido a consulta". En otras palabras: el órgano consultivo ve suficiente la actual redacción para que no haya dudas sobre a qué cantidad se aplica la rebaja, ya que el Real Decreto 1316/2001 sí habla expresamente de que esas tarifas bonificables han de ser "los precios que deberán pagar los pasajeros".

En definitiva, el Consejo de Estado no coincide con el parecer del Gobierno de Canarias, que entiende que como el real decreto se remite a la ley de los PGE de 2013, y esta sí recoge el concepto de "tarifa bonificable", el riesgo de limitar las subvenciones sigue presente.

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