El cambio de Gobierno central plantea a Canarias un claro reto en el ámbito de las energías renovables. La subasta del nuevo cupo eólico tiene que estar totalmente culminada antes de finalizar el mes de septiembre. Ambas administraciones están por la labor pero el tiempo, agosto mediante, apremia y con su paso, el riesgo de perder la convocatoria, dotada con 60 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, tuvo ocasión de informar esta semana directamente a la ministra de Transición Ecológica. Teresa Ribera, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El mensaje fue claro: las Islas necesitan continuar incrementando la presencia de renovables para abaratar el sistema eléctrico y, sobre todo, para colocarse en disposición de cumplir las exigencia de la Unión Europea de alcanzar el 32% de la generación con fuentes limpias en 2030.
La ambiciosa Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 contempla atender hasta el 45% de la demanda eléctrica de las Islas sin tener que recurrir a la contaminante combustión de hidrocarburos. Para conseguirlo, el Archipiélago debe mantenerse en una continua suma de megavatios de fuentes limpias. De ahí la importancia de no perder una sola oportunidad.
Del Pecan hasta hoy
Para entender el tamaño del retraso y la necesidad de mantener permanentemente engrasada la maquinaria administrativa, basta echar un vistazo al malogrado Plan Energético de Canarias (Pecan) 2006-2015. Este documento revela que pasan ya tres años desde que el Archipiélago debería haber contado con 1.185 megavatios de potencia eólica y fotovoltaica, y con una cobertura de la demanda a través de dichas tecnologías del 30%; la realidad, con toda su crudeza, laminó esas cifras hasta los 330 megavatios y el 7,7%, respectivamente.
El departamento que dirige el consejero Ortega calcula que al final de este año la potencia habrá crecido hasta los 620 megavatios, lo que permitirá atender el 14,27% de las necesidades energéticas de las empresas y familias de las Islas. El salto lo propicia el último cupo eólico, que repartió 436 megavatios entre 45 proyectos eólicos.
De estos, 16 parques que suman 86,6 megavatios funcionan ya a pleno rendimiento. Otros seis (25,55 megavatios) esperan por la puesta en marcha definitiva, pero sus aerogeneradores ya vierten a la red de manera provisional. Diez más están en plena construcción (148,7 megavatios) y un número indeterminado de ellos afrontan las últimas modificaciones por parte de los propios promotores.
Las múltiples complicaciones que han impedido avanzar durante más de quince años al que probablemente sea el mejor lugar de Europa para el desarrollo de energías renovables tampoco han sido evitables del todo en esta ocasión.
Por el camino han quedado los proyectos que no autoriza la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por interferir con las servidumbres aeonáuticas del aeropuerto de Gran Canaria. También se han caído dos parques de Fuerteventura por no contar con una red eléctrica que soporte la evacuación de su energía en proporción suficiente como para hacer rentable su funcionamiento. Son los afectados por la paralización por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la línea de doble circuito que construía Red Eléctrica de España (REE) en dicha isla.
La subasta que debe convocar Madrid no más tarde de la primera mitad de septiembre estaba consensuada por el Gobierno de Canarias y el anterior Ejecutivo central del Partido Popular (PP). No puede decirse que su aprobación estuvo totalmente afectada por el cambio de Ejecutivo. En febrero, la entonces directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, la declaraba inminente.
¿Por qué pasaron los meses y nunca llegó a cristalizar? Lo complicó la nueva modalidad de financiar la instalación con fondos Feder, dinero de Europa que por vez primera se destina a este objetivo. En el mismo acto en que Baquedano anunció la inminencia de la convocatoria, el portavoz del PP en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, el canario Guillermo Mariscal, apuntó como causa del retraso la ausencia de proyectos que contaran con la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA).
Sin embargo, Ortega aseguró que todas las semanas se celebran reuniones semanales entre su consejería y la de Medio Ambiente para remover obstáculos. "Nuestra previsión es llegar a 160 megavatios", aseguró. La convocatoria tendrá que hacerse por un montante de potencia menor, "porque si no, sería una subvención", detalló.
Ahora bien, el consejero pidió a Madrid garantías de que se puede llegar a tiempo. "De lo contrario, empleamos en otras cuestiones los muchos recursos que estamos dedicando a este tema", expuso Ortega. La respuesta de Ribera fue que no ceje en el empeño.
