La presión de la Comisión Europea (CE), y el reparto que de ella hicieron los dos gobiernos consecutivos del Partido Popular (PP) para sanear las arcas de las administraciones españolas, se ha dejado sentir en los ayuntamientos del Archipiélago. La deuda viva que mantienen ha adelgazado en cinco años en 656,3 millones de euros, que son prácticamente dos tercios (64,3%) de los 1.020,3 millones que figuraban en el debe municipal canario cuando los hombres de negro amenazaban con dejarse caer con todo su peso por España.
En el año 2012, los ataques especulativos contra el euro se recrudecieron y las economías que peor colocadas estaban cuando estalló la crisis padecieron con intensidad sus consecuencias. La prima de riesgo española hacía tiempo que había traspasado el umbral del dolor y continuaba creciendo. Llegó a alcanzar en el mes de julio de ese año los 649 puntos básicos aun cuando un mes antes la Unión Europea (UE) había concedido un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para sanear un sistema financiero que, lastrado por los desmanes políticos en las cajas de ahorros, amenazaba con llevar al Estado al abismo.
Ya de por sí un rescate de libro por más que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, se esforzara por disfrazarlo de préstamo ventajoso. Ni por esas el rumbo se enderezaba. Los tiburones de los mercados olían la sangre de un endeudamiento excesivo que permitía comprar el futuro de un país a muy bajo precio. Tuvo que hacerse visible el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para en aquel famoso discurso -seguimos en julio de 2012- dejar claro a los amigos de lo ajeno que la institución haría "lo necesario para sostener el euro".
Tiempo necesario
Ese mensaje sí funcionó. Sobre todo porque no quedó en palabras, sino que estuvo acompañado de la compra masiva, con dinero público europeo, de la deuda que emitían los países afectados. Ese incremento artificial de la demanda redujo el precio de los bonos y letras soberanas. Era una operación de maquillaje, pero muy necesaria, que otorgó el tiempo necesario para conseguir la sanación de las heridas. Había que poner coto y hacer retroceder el ponzoñoso apalancamiento alcanzado por las administraciones públicas y el sector privado español.
Para dar idea de la dimensión que había adquirido la cuestión en el ámbito público basta resaltar que al final de ese 2012 tan solo nueve municipios canarios no debían nada: Artenara, Valleseco y Tejeda, en Gran Canaria; Arico, La Matanza y Fasnia, en Tenerife; Villa de Mazo, en La Palma, y Alajeró y Hermigua, en La Gomera. La deuda viva conjunta de los restantes 79 ayuntamientos alcanzaba los mencionados 1.020,3 millones de euros con especial protagonismo de tres de los cuatro más grandes: Santa Cruz de Tenerife (134,8 millones), Telde (125,8 millones) y Las Palmas de Gran Canaria (124,1 millones).
De estos tres, solo la capital grancanaria exhibía al final del pasado año un lustroso cero, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Hacienda. Ese mismo objetivo de despejar el camino por completo lo han conseguido completar un total de treinta ayuntamientos de las Islas.
En ese último día de 2017, Telde era el que más dinero tenía por devolver (87,9 millones), si bien ha logrado soltar el 30,1% del lastre en cinco años. Le sigue San Cristóbal de La Laguna, con 67,8 millones de euros en el debe y una reducción menos intensa, del 24,5%. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife ha limpiado más de la mitad de la deuda (53,9%), lo que, sin embargo, no le ha servido para salir del indeseado podio de las tres ciudades canarias más endeudadas, con 62,1 millones de euros.
Solo dos municipios del Archipiélago no han conseguido recortar su endeudamiento. En Garachico, la deuda se ha incrementado en un 45,4% y se sitúa ahora en los 948.000 euros. El otro es el gomero Valle Gran Rey, donde el incremento registrado es del 7,6% y la suma a devolver asciende ahora hasta los 184.000 euros.
