Alrededor de 16.000 canarios que viven en situación de pobreza pueden tener a partir de ahora -en cuanto comience a aplicarse el nuevo bono social eléctrico- el alivio de saber que su recibo de la luz ya está pagado. Ayer, cuando el Gobierno central anunció nuevas medidas para abaratar la factura y la ampliación de los potenciales beneficiarios del bono social, las instituciones del Archipiélago y la eléctrica Endesa, la principal operadora en la Comunidad Autónoma, suscribieron un acuerdo con el que tratan de ir un paso más allá en la protección de los consumidores en especiales dificultades socioeconómicas. En adelante, serán la empresa y la Administración pública -en concreto el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos- los que costearán, a partes iguales, los recibos de estas personas, que ya no tendrán que pasar el mal trago de ver cómo la imposibilidad de pagar la factura las deja sin luz en sus hogares.
El acuerdo, que firmaron ayer la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, Cristina Valido; el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia; y el director general de Endesa en las Islas, Pablo Casado, garantiza que las 8.313 personas registradas en estos momentos en situación de vulnerabilidad social severa contarán con una bonificación del cien por cien en el recibo de la luz, es decir, que tendrán gratis el suministro eléctrico en sus viviendas hasta que consigan salir de las dificultades y siempre que hayan acreditado en sus ayuntamientos que están en riesgo de exclusión social. Esta cifra de beneficiarios se incrementará sensiblemente con la puesta en práctica del nuevo bono social hasta duplicarse e incluso más, según los cálculos de Endesa, de modo que como poco serán más de 16.000 los canarios que podrán tener la tranquilidad de saber que su delicada situación económica no dejará a sus familias sin suministro.
Pablo Casado explicó que en estos momentos son cerca de 18.000, exactamente 17.795, los consumidores que se han acogido al nuevo bono social eléctrico. De ese total, más de la mitad, hasta 9.480, están considerados en situación de vulnerabilidad, y esos 8.313, en situación de vulnerabilidad severa. De esos 8.313 recibos, Endesa pagará en adelante un 50% -la mitad- y el otro 50% lo sufragarán a partes iguales -un 25% cada uno- el Gobierno regional y los ayuntamientos con dinero del Fondo de Emergencia Social, no sin que antes, cabe insistir, estas personas acrediten estar en riesgo de exclusión. El presidente de la Fecam aprovechó el anuncio de la medida para hacer un llamamiento a la incorporación en el convenio de los 88 municipios de la Comunidad Autónoma, algo de lo que se mostró convencido porque, aseguró, para todos es una "prioridad" garantizar el suministro eléctrico en los hogares en peor situación socioeconómica. Además, y aunque Endesa es con mucho el principal operador del sector eléctrico en el Archipiélago, el acuerdo tripartito suscrito ayer está igualmente abierto al resto de empresas que quieran sumarse.
Con el actual bono social eléctrico, son unas 100.000 familias de las Islas las que se benefician de descuentos en sus facturas. Entre ellas están, por ejemplo, las familias numerosas. Sin embargo, el nuevo bono, que en principio entraría en vigor este próximo lunes pero que en todo caso se pondrá en práctica en las próximas semanas, reducirá notablemente el número de beneficiarios en Canarias. ¿Por qué? Pues porque establece una serie de nuevos requisitos para, por ejemplo, acreditar la condición de consumidor en situación de vulnerabilidad, motivo que ha tumbado seis de cada diez solicitudes presentadas en la Comunidad Autónoma para acogerse a esta versión 2.0 del bono eléctrico, diseñada en su día por el gobierno del Partido Popular. En consecuencia, de los 100.000 consumidores que pudieron acogerse a la primera versión del bono, alrededor de 80.000 no están aún entre quienes se beneficiarán de la nueva normativa.
Los descuentos que fija el bono que entrará en vigor en los próximos días son de un 25 o un 40% para los consumidores vulnerables, en función de si están o no en vulnerabilidad severa, y de la totalidad de la factura para aquellos en situación de exclusión social. No obstante, las personas que quieran beneficiarse de la medida han de contar con un informe de sus ayuntamientos.
Así pues, esas más de 8.000 personas en situación de vulnerabilidad social severa en el Archipiélago deberán dirigirse a los servicios sociales de sus municipios para que estos redacten el informe que acredite que están en riesgo de exclusión social y poder así garantizarse que no pagarán en adelante el recibo de la luz, no al menos hasta que su economía mejore.
Además, el acuerdo incluye también el compromiso de Endesa de paralizar los eventuales cortes de suministro a todo consumidor vulnerable, no solo a aquellos que viven en peores condiciones. Pablo Casado no pudo ayer adelantar el coste de la bonificación íntegra de la factura de la luz de los canarios en situación de pobreza, entre otras cosas porque su número crecerá sensiblemente en el futuro, ya que el Gobierno ha decidido prorrogar el plazo para pasarse a la nueva versión del bono hasta fin de año.
El Consejo de Ministros aprobó precisamente ayer un paquete de medidas para ampliar el número de potenciales beneficiarios del bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y prohibiendo a las empresas cortar el suministro en los hogares donde viva al menos un menor de 16 años, y para abaratar la factura ante la espiral alcista de los últimos meses.
