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Prohibición a la venta de contratos de las eléctricas puerta a puerta

La ley de protección de los consumidores acaba con una técnica comercial que surgió con la liberalización del sector

Dos operarios trabajan en una torreta eléctrica. LP / DLP

Las empresas eléctricas ya no pueden mandar a su legión de comerciales a tocar a las puertas de las casas para vender a las familias esa supuesta oferta irrechazable que les permitirá ahorrar equis dinero en su factura de la luz. Desde el pasado sábado, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, las firmas comercializadoras tienen expresamente prohibido continuar con una polémica estrategia de ventas que se ha extendido por toda España, en general, y Canarias, en particular, conforme se ha multiplicado el número de empresas tras la liberalización del mercado eléctrico.

La liberalización del sector, que en España no se produjo hasta 2009, se caracterizó, entre otras cosas, por desligar las actividades de distribución y comercialización de la electricidad, dos servicios que hasta entonces prestaba una misma empresa. Es a partir de ese momento cuando comienza la proliferación de entidades comercializadoras, esas que compran la energía eléctrica a las distribuidoras para luego venderla a los consumidores finales, esto es, a las familias o a otras empresas, que, por tanto, tienen desde entonces la posibilidad de elegir entre múltiples tarifas y ofertas. Es precisamente este súbito incremento del número de entidades en busca de clientes el que trajo consigo estrategias comerciales cada vez más agresivas, entre ellas ese puerta a puerta que a tantas reclamaciones posteriores ha dado lugar, una vez el consumidor comprobaba que entre lo prometido y lo firmado había un gran trecho. Una práctica a la que, además, se sumaron también las comercializadoras de referencia, que son aquellas que cumpliendo una serie de requisitos -básicamente relacionados con su trayectoria y tamaño, de ahí que Endesa sea la principal en Canarias-, fueron designadas por el Ministerio de Industria para ofrecer las tarifas reguladas. Y ¿qué es lo que precisamente buscan las otras firmas que llegaron al sector con su liberalización? Pues convencer a la persona para que deje el mercado regulado y se pase al mercado libre, una pugna de la que no podían ausentarse las firmas de referencia, temerosas de perder clientes ante la agresividad de la nueva competencia, tal como reconocieron ayer fuentes del sector en las Islas.

Así pues, también en el Archipiélago han sido multitud los comerciales buscando robar clientes de vivienda en vivienda, en ocasiones sin escrúpulos. La nueva ley "recoge una preocupación extendida en la población sobre los comerciales que cambian de compañía eléctrica sin consentimiento o que mienten sobre descuentos y servicios que nunca serán dados", explicaron ayer desde Ecoluz Consultores, entidad con delegación en Canarias dedicada a la auditoría de costes y el ahorro energético de particulares y empresas.

A partir de ahora, el real decreto-ley explicita que "las comercializadoras eléctricas no podrán realizar publicidad en visitas domiciliarias sobre sus productos" y que tampoco "podrán realizar prácticas de contratación en los domicilios de los clientes de forma directa", salvo en esos casos en que sean los clientes quienes lo soliciten. "Este real decreto ayudará a profesionalizar el sector energético; la energía es un sector denostado por la baja preparación del comercial y por el enredo sistemático de las propias comercializadoras", agregó Ángel Treviño, de Ecoluz Consultores.

Hay que recordar que Competencia avisó en su día que en un 3% de los cambios de compañía eléctrica no pudo acreditar el consentimiento de los clientes.

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