El borrador de los Presupuestos Generales del Estado que ayer aprobó el Consejo de Ministros pone estos números al acuerdo político alcanzado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos: las medidas de gasto suponen cerca de 5.100 millones de euros, con los pensionistas como principal colectivo beneficiario, y los cambios tributarios aportarán la recaudación extra de casi 5.700 millones, con las grandes empresas, las personas con rentas más altas y los conductores que utilizan coches diésel como grandes contribuyentes. Las Cuentas remitidas ayer a Bruselas, donde debe pasar el examen de la Comisión Europea, queda pendiente también de las negociaciones que los socialistas iniciarán de inmediato con los partidos nacionalistas. El proyecto está asimismo condicionado a que el equipo de Sánchez sea capaz de sortear la resistencia del PP y de Ciudadanos a modificar la senda de estabilidad presupuestaria.
"Es un acuerdo valiente y que cambia el paso del país", señaló la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al presentar el "plan presupuestario" junto a las titulares de Economía, Nadia Calviño, y de Hacienda, María Jesús Montero. Según la primera, la expansión pactada con la formación de izquierdas que lidera Pablo Iglesias, combinada con el crecimiento económico esperado y con los cambios tributarios, no será obstáculo para cumplir la reducción del déficit comprometida con la UE (bajar de un desfase presupuestario del 2,7%, esperado para este año, al 1,8% en 2019). Calviño expuso las siguientes proyecciones: con el borrador de Presupuestos tal como está, el gasto público como proporción del PIB incluso bajará en 2019 (del 41,2% al 40,9%) y los ingresos subirán del 38,5% al 39,1%, reduciéndose la diferencia con el promedio de presión fiscal de Europa.
Más ingresos. Los ingresos del conjunto del Estado (incluida la Seguridad Social) aumentarán el 5,7%, calcula el Gobierno, hasta superar los 493.000 millones de euros. Una parte de ese incremento sería consecuencia del crecimiento de la economía y otra correspondería a la recaudación aportada por las nuevas figuras impositivas. La izquierda ha acordado una reforma tributaria que pone el foco sobre las empresas de mayor dimensión y los contribuyentes con ingresos altos. "No suben los impuestos para la clase media y trabajadora", han remarcado distintos miembros del Gobierno desde que, el jueves, se hizo público el pacto PSOE-Podemos. Tal afirmación no es exacta si se repara en uno de los datos que se confirmaron ayer: subirá el impuesto sobre el gasóleo para 2019, con una recaudación extra de 670 millones. Supondrá acercar o igualar la fiscalidad del diésel (ahora más baja) y la de la gasolina y, según algunos cálculos preliminares, ello tendrá un coste medio de 3,3 euros al mes para quienes hagan unos 15.000 kilómetros al año (los conductores profesionales y transportistas estarán exentos".
El cambio tributario de mayor calado económico corresponde al impuesto de sociedades. La creación de un tipo efectivo mínimo del 15% para las empresas que facturen más de 20 millones y otras medidas inyectarán al Fisco 1.776 millones extra. Es una reforma que concierne sobre todo a las mayores compañías. Las modificaciones en el IRPF y en el impuesto de patrimonio (para las rentas superiores a 130.000 euros al año y las fortunas de al menos 10 millones) aportarán 667 millones más. Y se crean dos tributos: la 'tasa Google' a las grandes compañías de servicios digitales (1.200 millones) y un gravamen a las transacciones financieras que gravará las operaciones con acciones de empresas de gran tamaño (850 millones), para reforzar la financiación de las pensiones.
Más gastos. La revalorización de las pensiones se lleva casi 1.000 millones extra y la mejora de la dependencia (incluido el restablecimiento de las cotizaciones a los cuidadores), 830. Junto al fuerte aumento de la partida de becas de estudio (536 millones), son las mayores partidas del incremento del gasto social dentro de un borrador de presupuestos en el que no hay referencias concretas -o no se divulgaron aún- sobre las inversiones en infraestructuras y equipamientos.
Es una de las incógnitas de las cuentas, condicionadas por otra de alcance: si el PSOE no consigue que se apruebe con celeridad la nueva senda del déficit pactada con Bruselas (objetivo del 1,8%, frente al 1,3% anterior), a la que se están oponiendo el PP y Ciudadanos, los Presupuestos deberán tramitarse con criterios de gasto más restrictivos que impactarían singularmente en las comunidades autónomas.
