Canarias será la comunidad autónoma en la que mayor impacto tendría la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pactada por PSOE y Podemos. Según un trabajo elaborado por Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, integrantes de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el incremento del SMI afectará al 13,8% de los asalariados de las Islas, lo que en términos absolutos supone 105.597 trabajadores, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En la proyección para 2020, cuando se alcanzarían los 1.000 euros mensuales, de nuevo el Archipiélago estaría a la cabeza, con un 19,6% de los trabajadores disfrutando el incremento.
La noticia, dada a conocer en el marco de la negociación del presupuesto estatal para 2019, ha generado focos de opinión profundamente polarizados. Mientras los sindicatos la han recibido con agrado, las patronales advierten de la segura destrucción de empleo que va a generar, sobre todo en el seno de los negocios de escaso tamaño, menos resistentes a los cambios sobrevenidos.
El presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), José Juan Socas, señala que la pérdida de puestos de trabajo en el escenario futuro "es una realidad" y exponerlo ante la opinión pública "nada tiene que ver con la demagogia. No estamos preparados para una subida de este calibre". Opinión que contrasta con la del secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, quien señala que el principal "riesgo para las pymes son las grandes empresas, que se lo quieren comer todo, y no el SMI".
Los dos bandos
Reduciendo a la esencia el debate, sus protagonistas se dividen entre quienes tendrán que pagar más de lo que pactaron con los sindicatos al final del año pasado, crecer hasta 735,9 euros (por catorce pagas) en 2018 y llegar a 850 euros en 2020; y aquellos que recibirán los 900 euros puestos sobre el tapete.
"No estamos en contra de que se suba el SMI", matiza el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. En su opinión el problema se genera porque el incremento no lo avalan sendas alzas de la productividad y la competitividad. La traducción de esa supuesta disfunción la realiza el secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares: "Se trata de una decisión demagógica que derivará de manera automática en destrucción de empleo y generará economía sumergida".
Los representantes de las patronales de ambas provincias canarias, también el presidente de Cecapyme, aclaran que las empresas no solo tendrán que hacer frente a la subida salarial, sino que de esta se deriva también un crecimiento de los costes laborales y cotizaciones sociales que corren por cuenta del empleador. El aumento global lo cifran en 3.000 euros anuales por cada trabajador.
Desde el sindicato CCOO, su secretario general en el Archipiélago, Inocencio González, subraya que la anunciada subida "ha desnudado la realidad de los salarios". Esto es, si la medida de situar el SMI en los 900 euros mejora los ingresos de más de 105.000 canarios, desvela la gran cantidad de ciudadanos que perciben "sueldos ridículos" a cambio de su trabajo.
"La subida, ni daña la economía, ni destruye empleo", coincide con él Gustavo Santana. González argumenta que el incremento cumple el objetivo de "volver a la senda del equilibrio entre beneficios empresariales y salarios, que nunca se debería haber perdido".
Según la Contabilidad Regional publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en 2008 se destinaron 21.337 millones de euros en las Islas a retribuir a los trabajadores. Ocho años después, la cantidad cayó hasta los 20.298 millones, un 4,87% menos. En ese mismo periodo, el excedente bruto de explotación de las empresas -dotaciones, formación bruta de capital y dividendos- creció un 2,69%, desde 17.751,2 millones hasta 18.227,9.
Inocencio González añade a estas cifras el diferente crecimiento experimentado por los salarios (4,81%) y los precios (7,04%) durante los últimos diez años. Por tanto, el poder adquisitivo de los trabajadores del Archipiélago ha perdido más de dos puntos desde 2008.
También en el mundo académico existen muy diferentes lecturas de la medida incluida en el documento rubricado hace poco más de una semana. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) José Ángel Rodríguez resume en una frase la conveniencia de buscar espacios para la mejora de los sueldos: "Ningún país tiene futuro si su sistema empresarial, para sobrevivir, tiene que aplicar salarios de beneficencia", señala. Opinión que se coloca en las antípodas de la sostenida por el profesor del departamento de Economía Aplicada de la ULPGC José María Grisolía para quien "cualquier salario mínimo es un precio administrado y, como tal, sólo produce efectos catastróficos".
Para el catedrático Rodríguez, no se sostiene la pretensión de España de encuadrarse en el club de los países importantes de la Unión Europea (UE) y la Eurozona cuando, "en lugar de pagar" sueldos propios "de los países de vanguardia", las remuneraciones que abonan las empresas a sus trabajadores se asemejan a las que se perciben "en el segundo y el tercer mundo".
Luxemburgo, a la cabeza
El SMI más elevado de la UE -doce mensualidades- lo presenta la rica Luxemburgo (1.999 euros). Le siguen Irlanda (1.614), Holanda (1.578), Bélgica (1.563), Alemania y Francia (1.498), y Reino Unido (1.401). Inmediatamente después pero a gran distancia, se sitúa en octava posición España, con 859 euros (735,9 euros si son catorce las pagas). En el lado contrario, Bulgaria tiene el triste honor de ser el país con menor SMI, solo 261 euros al mes. A estos números, el presidente de la CCE opone que el mercado de trabajo español presenta el segundo mayor coste laboral, solo superado por Francia.
El profesor Grisolía mantiene que es imposible pagar sueldos altos "si la productividad es baja". En el desarrollo de esa teoría, explica que el incremento del SMI hasta 900 euros afectará de manera negativa a los "colectivos menos productivos". Esta característica es propia de los "individuos sin experiencia, es decir, jóvenes en busca de su primer empleo y trabajadores sin cualificación".
En su opinión, "si la empresa está obligada a pagar más, tenderá a contratar menos" o, de manera más gráfica, los negocios que buscan personal para atender las cajas en las que se cobra a los clientes, tenderán a usar máquinas de autopago. Coincide en ello Manrique de Lara al exponer que una iniciativa destinada "a favorecer a los que menos ganan puede generar el efecto contrario". Serán "quienes no accedan al empleo", por tener que abonarles la empresa un sueldo mayor del actual, los más perjudicados, sostiene el presidente de la patronal de Las Palmas.
"Ningún control de precios funciona, nunca, y este no es una excepción", continúa el profesor de la ULPGC, para quien sería conveniente un cambio en la percepción de los ciudadanos. "Es importante comprender que no somos niños, que es mejor tomar nuestras propias decisiones con independencia de un tercero. Si un salario resulta demasiado bajo o indigno, debe ser el trabajador quien lo decida, no un tercero", expone.
Por su parte, José Ángel Rodríguez incide en la necesidad de que las estrategias y planes de futuro de las empresas contemplen la obtención de beneficios, la satisfacción del cliente y la generación de un clima laboral que se traduzca en que el personal "reme a favor, esté conforme y no se quede en su puesto por el mero hecho de no tener otro lugar al que ir". En opinión del catedrático de la ULL, "algo tendrá que tocar a los trabajadores si estamos en una fase de recuperación".
Añade a ello el efecto positivo sobre el consumo que generaría el que los trabajadores cuenten con más dinero en sus bolsillos. Coincide en su afirmación Gustavo Santana: "900 euros mensuales no dan para el ahorro de las familias, todo va al consumo y eso va a animar la actividad económica, algo de lo que también se beneficiarán las pymes".
José Juan Socas admite que al comercio le viene bien un incremento del poder adquisitivo, pero el rédito resulta, a su juicio, insuficiente para que las pymes que habían "pactado unas condiciones de trabajo" salven el impacto de un cambio de reglas a mitad de partida. En la misma línea, Eduardo Bezares reconoce que puede "haber un eslabón de la cadena para el que se genere un efecto positivo, pero el cuadro completo es negativo".
Volviendo al estudio realizado por Felgueroso y Jansen -publicado en el blog nadaesgratis.es-, también detallan el porcentaje que las nuevas cantidades cubrirían con respecto al salario mediano, el que se sitúa en un punto equidistante entre la retribución mayor y la menor que se paga en un lugar. El SMI actual es el 56% del salario mediano canario, mientras que con la subida llegaría hasta el 67,1%.
