Preocupa entre los municipios turísticos el silencio que ha caído sobre el nuevo decreto que regulará el alquiler vacacional en Canarias. Presentado en mayo, el borrador aún no se ha sometido a exposición pública ni hay fecha prevista para que eso ocurra. La Consejería de Turismo que dirige Isaac Castellano mira ahora hacia Madrid a la espera de que el Gobierno central comience a dar forma a las iniciativas anunciadas hace un mes.
Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, señaló en septiembre que el Ejecutivo socialista iba a asumir el liderazgo que, en su opinión, "dejó de ejercer" el Gobierno del PP. En el detalle, eso se traduce en cambios en la ley de arrendamiento y en la de propiedad horizontal. En el último caso, la variación dejará en manos de las comunidades de vecinos la decisión de si en el edificio se permite o no el alquiler turístico.
Ese anuncio ha provocado un parón lógico en las Islas. Nadie quiere tomar las riendas para aprobar una norma que puede quedar en desuso a las primeras de cambio, en cuanto el Gobierno de Pedro Sánchez aborde los cambios en leyes estatales, de mayor rango y, por tanto, prevalecientes sobre el decreto que ha preparado la Consejería de Turismo del Ejecutivo canario.
Sobre este significativo silencio se pronunció ayer Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana y vicepresidente de la Asociación de Municipios Turísticos (AMT), integrada por los ayuntamientos de las localidades del Archipiélago donde la actividad alojativa es más intensa: Mogán, Arona, Adeje, Guía de Isora y Pájara, además de la regida por Pérez.
La primera conferencia de este lobby intermunicipal se celebró el pasado mes de junio en Adeje y, entre otras muchas cuestiones, analizó el impacto de la proliferación de las viviendas vacacionales sobre el negocio tradicional. Del debate surgió un documento que se remitió a la consejería regional. "No hemos tenido respuesta sobre si les parecen bien nuestras opiniones o las rechazan", expresó ayer Marco Aurelio Pérez.
"Hemos hecho un trabajo como municipios turísticos y pretendemos por lo menos influir en ese decreto que el Gobierno de Canarias pretende sacar antes de fin de año", continuó el vicepresidente de la AMT, si bien el tiempo apremia y se da por prácticamente seguro que no se cumplirá el plazo, sobre todo si la aprobación del decreto isleño depende de los cambios en las leyes estatales que se estudian en Madrid. "Nos preocupan el silencio y la no puesta en común con los distintos operadores que tienen que ver con el turismo de nuestra tierra", zanjó el alcalde de San Bartolomé de Tirajana.
La AMT celebró ayer una reunión con la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, encabezada por su presidente, Santiago de Armas. El encuentro forma parte de la ronda de contactos que el grupo está manteniendo con las instituciones del Archipiélago para dar a conocer sus líneas estratégicas.
