El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, integrado por 31 magistrados, decidirá el 5 de noviembre si mantiene la doctrina fijada el jueves en una sentencia que considera que son los bancos y no los clientes, como hasta el momento, los obligados a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que se deriva de la firma de un crédito hipotecario. El resultado de dicha reunión mantiene en vilo a miles de canarios, que podrían reclamar alrededor de 1.500 euros cada uno. Solo para la adquisición de vivienda, desde 2003, año hasta el que llegan los datos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se firmaron en las Islas 471.630 créditos hipotecarios.
La cifra se reduce a 73.210 contribuyentes del Archipiélago -1,5 millones en toda España- si la cuestión a ventilar se circunscribe al plano fiscal. Ese es el número de usuarios que ha pedido dinero a una entidad financiera para la adquisición de inmuebles en los últimos cuatro años, según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. Son los cuatro ejercicios que aún no han prescrito. La reclamación en este caso se debería elevar ante la Agencia Tributaria Canaria.
Las arcas de la comunidad autónoma no se verían afectadas. El impuesto se ha de liquidar en todos los casos, la discusión se centra en quién debe abonarlo. Eso sí, el fisco regional se podría encontrar ante una avalancha de reclamaciones que tendría que tramitar.
Sin embargo, el fallo emitido el pasado jueves tiene un calado mayor. La sentencia declara nulo el artículo (68.2) del reglamento del IAJD en el que se basaban las entidades bancarias para cargar a los usuarios el pago del impuesto. En caso de nulidad "no hay prescripción", tal y como recuerda Pablo Pérez, letrado del despacho R&P Abogados. Es decir, mantener el criterio en esa reunión del día abriría la puerta a la reclamación de todos quienes han firmado una hipoteca y han pagado el impuesto con independencia de cuándo lo hicieron.
Inseguridad jurídica
El vaivén de los últimos días generó ayer reacciones desde el plano judicial, político, sindical, organizaciones de usuarios y hasta de la propia banca, que solicitó una aclaración a la mayor brevedad para desarrollar su actividad con suficiente seguridad jurídica.
Sirva como ejemplo que la Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas, especializada en condiciones de contratación, decidió suspender las deliberaciones en las que se discute la liquidación del impuesto hasta conocer la línea que marcará el Supremo en su reunión. Fue la tónica general en la Administración de Justicia en todo el país.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, juntó en la mañana de ayer alrededor de una misma mesa al presidente de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), Luis María Díez-Picazo, y a los seis miembros del tribunal que emitió la sentencia la semana pasada. Díez-Picazo fue quien mandó parar el viernes con el fin de evitar que nuevos fallos creen jurisprudencia. Por contra, dejó en manos de los 31 magistrados del pleno la decisión que va a marcar las actuaciones futuras; la sentencia conocida y otras que se tramitaron el mismo jueves y solo están pendientes de notificación son "firmes y no susceptibles de revisión", según el comunicado emitido por Lesmes al final del encuentro.
Luis María Díez-Picazo basó su decisión de elevar al pleno la decisión del camino tomar a partir de ahora en la "repercusión económica y social" que genera el cambio de criterio. "Un escándalo", afirmó ayer la abogada María Luisa Martínez, quien recordó que el aparato de Justicia está para juzgar, más allá de otras consideraciones. Con su actuación, Díez-Picazo "ha venido a llamar poco menos que inconscientes", señaló la letrada, a los magistrados que redactaron la sentencia dada a conocer la pasada semana. Aparte de evidenciar que no conocía lo que dirimía la sala que preside, cuestión incompatible con el hecho de que fuera él quien dio curso con su firma al recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Rivas, que desembocó en el fallo que ha generado el revuelo.
Martínez se sumó a quienes detectan maniobras del sector bancario en la actuación del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, aseguró en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press no tener conocimiento de "ningún tipo de presión".
La Asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista, exigió la dimisión de Díez-Picazo por considerarle "único y exclusivo" responsable de generar un "desconcierto en la ciudadanía". Desde la conservadora Francisco de Vitoria, demandaron al presidente de la Sala Tercera que "aclare" qué va a ocurrir tras la reunión de los 31 magistrados. Según esta última asociación, la actuación "no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial".
La abogada Martínez escucha estos días "la misma música" que cuando se dirimía la nulidad de las cláusulas suelo. En aquella ocasión, el Supremo falló a favor de la banca. "Se decía que el sistema financiero no podría soportarlo, pero vino Europa a poner orden y los bancos siguen ganando dinero", expuso.
